La justicia constitucional se basa en la afirmación de la supremacía constitucional como garantía de los derechos de los ciudadanos. Así, el ordenamiento jurídico que regula el Tribunal Constitucional establece que sus decisiones son vinculantes para todos los organismos públicos.
¿Qué significa esto para la justicia constitucional?
Para Tania Groppi, Profesora de Derecho Constitucional y Directora del Centro para el Estudio y la Formación del Derecho Público y Comparado de la Universidad de Siena, «La eficacia de la Justicia constitucional encuentra su aspecto central en la capacidad de la sentencia de los jueces [.[Rectificar las violaciones de la Constitución restaurando la legalidad de la constitución violada.»
En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia tiene una reflexión interesante, en la sentencia T-068/98 de 1998-3-5, al afirmar que » la efectividad de los derechos se desarrolla sobre la base de 2 cualidades: efectividad y eficiencia administrativa.»El primero está relacionado con el cumplimiento de las decisiones administrativas, y el segundo está relacionado con la elección de los medios más adecuados para el logro del propósito.»
El Tribunal Constitucional dominicano ha expresado reiteradamente su compromiso de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales.
En su sentencia de 2012-10-16 TC/050/12, pronunció lo siguiente: «9.2.5.- La misión esencial de la Corte Constitucional es, entre otras cosas, velar por la protección y efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales en la República Dominicana, la potestad que se deriva de los artículos 8, 68 y 184 de la Constitución de la República y la mencionada Ley No. 7.4 No. 137-11. Esta facultad es una «ley estatal» que permite al tribunal erradicar, dentro de los límites del Estado, todas las medidas administrativas o jurisdiccionales que impidan, restrinjan o condicionen injustamente el ejercicio de los derechos fundamentales.
Del mismo modo, la decisión TC/017/13 de 29/8/2013 reafirma que » el Tribunal Constitucional tiene miembros de la facultad.»Interpretar y aplicar las normas procesales de la manera más útil para la efectividad de la justicia constitucional.
Otro aspecto a considerar con respecto al principio de efectividad es la efectividad de las decisiones de los jueces como parte de la protección judicial efectiva y el debido proceso. Por lo tanto, se puede decir que la eficacia de la justicia constitucional radica también en la capacidad de las sentencias transmitidas por el Tribunal Constitucional para traducirse en hechos concretos que garanticen su respeto y ejecución: res, non verba (actos, no palabras).
En el diccionario de jurisprudencia constitucional de la editorial Grijley (2009), la validez de las decisiones judiciales forma parte de la definición del derecho de tutela judicial, que significa «no solo el derecho de acceso a la justicia, sino que no se convierte en una simple declaración de intenciones, porque busca asegurar que lo determinado por las autoridades judiciales tenga un alcance práctico y se cumpla.»
Al respecto, la Corte Constitucional Dominicana, en la sentencia TC/0110/13 de 2013-7-4, «[.La tutela judicial efectiva engloba también el derecho a ejecutar decisiones judiciales y es necesario para que la tutela efectiva sea tal, además, de derecho social y democrático, pero también de jueces ejecutores.»
En definitiva, para el principio de eficacia, la figura de los jueces en general, y de los jueces constitucionales en particular, es una piedra angular que sirve de base y soporte al nuevo papel que debe desarrollarse en un Estado socialdemócrata basado en el estado de derecho.
A los jueces ya no les molestan los estrechos parámetros del pragmatismo legalista, sino que la Constitución, como responsable de juzgar los hechos presentados ante los tribunales, busca permitirles trabajar por una sociedad más justa, cumplir con lo que establecen las normas y abrir un amplio abanico de posibilidades que garanticen la vigencia de los derechos fundamentales y sus garantías procesales.’.
