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Previo al inicio de la precampaña electoral, el gobierno anunció que se fortalecerá el mecanismo de control

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+ en vísperas del proceso electoral el gobierno pasará la balanza al control de la transparencia. En vísperas del proceso electoral, que comienza en 2024, el gobierno captó los diversos controles.

+ en vísperas del proceso electoral el gobierno pasará la balanza al control de la transparencia.

En vísperas del proceso electoral, que comienza en 2024, el gobierno captó los diversos controles de transparencia y gasto del poder ejecutivo.

Así lo informó el Ministro de la Presidencia, Joel Santos.Joel Santos señaló que la dirección del presidente Luis Abinader es clara de que el gobierno debe mantener una cuenta separada de lo que tiene que ver con su política partidista.

Fue, en particular, una revisión de los aspectos de la gestión de los salarios, el proceso de contratación, es decir, todo lo que concierne a los estándares de transparencia administrados por el Estado.Es por ello que hubo intervención de representantes del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Presupuesto y de la Cámara de Accounts.In breve, considerando todos los aspectos relacionados con la gestión de la transparencia, explicó Santos a la salida de la reunión del Consejo de Ministros, que duró más de 1 hora en el Palacio Nacional.

Se recuerda que antes del inicio de la precampaña electoral, el gobierno anunció que se fortalecerá el mecanismo de control y convocó al Ministerio de Administración para implementar las disposiciones de la Ley 41-08 sobre el funcionamiento del público.

El artículo 80 de este texto legislativo señala que los funcionarios públicos tienen prohibido servir a los intereses de los partidos en el ejercicio de sus funciones, por lo que organizan o realizan manifestaciones, pronuncian discursos partidistas, distribuyen propaganda política o solicitan fondos para el mismo fin y utilizan los activos y fondos de la institución para este fin. Se clasifican en primer lugar como delitos menores de segundo grado y, según la misma ley, implican una suspensión de 90 días sin disfrutar de un salario como sanción.

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