Mesa de Redacción.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamenta que no se haya cumplido el ofrecimiento de las autoridades judiciales de donar 15 mil millones de pesos del fideicomiso para la reconstrucción de Acapulco. Lamenta que no se haya cumplido. Ante el retraso en la entrega del Fideicomiso por parte de las autoridades judiciales, López Obrador se quejó de que ahora comienzan a aparecer amparos y otras maniobras legales en contra de la decisión de extinguir el Fideicomiso.
En su momento, subrayó que una carta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, le había dado la patente de corso sobre la propuesta, pero ahora se ha echado para atrás y ha reculado.
Que nos diga si cambió de opinión, si la presionaron o por qué no está dispuesta a cumplir. En todo caso, les decimos a los acapulqueños que no tienen de qué preocuparse.
La Secretaría de Gobernación la acusa de conflicto de intereses
En su momento, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que ya se había tenido una reunión con el señor Piña, quien manifestó que, dado el amparo y las demandas de inconstitucionalidad, no sería posible tomar esta decisión hasta que la Corte resolviera el caso.
El funcionario acusó a los mismos jueces y magistrados que promueven dichos procedimientos legales de resolver ante un claro conflicto de intereses.
Más tarde, en un comunicado sobre la situación, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo criticó a la juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Elizabeth Trejo Galán, por suspenderla con efectos generales a su favor, así como a otros jueces y magistrados, independientemente de que hayan promovido amparos. La suspensión sólo debe concederse cuando exista un acto concreto derivado de una norma que afecte la esfera jurídica del peticionario, y no debe ser a favor de terceros ajenos al órgano jurisdiccional. El principio jurídico nemo iudex in sua causa establece que los jueces no pueden conocer de juicios en los que puedan tener un interés personal.
Consejeria acusó a jueces y magistrados de dictar amparos que les benefician a ellos mismos para intentar mantener el control sobre los recursos públicos del Fideicomiso bajo la apariencia de proteger la independencia del poder judicial.
