La comisión creada por el presidente Luis Abinader para revisar el acuerdo de venta entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el sector privado para la venta de la propiedad del Ingenio Estatal ha decidido establecer un fideicomiso público por parte del Poder Ejecutivo para administrar estos activos de manera eficiente y transparente. Decidió recomendar que así se hiciera.
Esta decisión fue tomada luego de un profundo análisis del destino de esta importante institución estatal, acreedora de miles de puestos de trabajo en distintos puntos del país.
Tras evaluar la delicada situación del CEA, la Comisión emitió la Resolución nº 01-23, en la que se establece la urgente necesidad de que el CEA lleve a cabo una depuración sustancial de los contratos de compraventa de inmuebles realizados en distintas épocas y ponga en marcha un proceso de regularización de terrenos, informó la Comisión en un documento de prensa.
Legado nacional
Los terrenos propiedad del CEA son patrimonio del pueblo dominicano y es deber del Estado y de sus administradores velar por su buen uso y por el cumplimiento de los contratos y convenios celebrados sobre los mismos e implementar una política de eficiencia y transparencia en el proceso de recuperación de sus recursos, señala el documento.
La Comisión propone que la recuperación de los activos del CEA sea utilizada adecuadamente para la ejecución de planes y proyectos de interés general del Estado y dirigidos a promover el desarrollo nacional y mejorar la vida de los ciudadanos dominicanos.
La Comisión fue creada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto No 273-23 del 27 de junio de 2023. Está integrada por Enriquillo Reyes (Presidente), el Secretario General de la CEA (Vicepresidente), Yolanda de la Cruz Vargas (Secretaria), Phidias Aristi Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.
Los miembros del Comité consideraron que la Ley nº 28-23, de 17 de marzo de 2023, relativa a los fideicomisos públicos, claramente Consideró que estipula.
En este sentido, la Comisión considera que se trata de una ley moderna con importantes referencias destinadas a reforzar la seguridad, la fiabilidad y la transparencia en la gestión de los bienes públicos transferidos al Fondo Fiduciario.
Esta comisión también recomienda que, a fin de proteger a los grupos de bajos ingresos que sean compradores de parcelas en el CEA que no superen los 500 metros cuadrados, se les condone la deuda por la compra y el Poder Ejecutivo les entregue un título de propiedad definitivo.
En la resolución emitida por esta comisión, se señala que a pesar de la emisión del Decreto No 268-16 el 27 de septiembre de 2016, que prohibió las transacciones inmobiliarias de cualquier naturaleza utilizando los activos del CEA, cientos de transacciones inmobiliarias se llevaron a cabo de hecho. Más debates cualitativos
El CEA también señaló que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno actual por lograr una verdadera reestructuración de los activos estatales, resulta extremadamente difícil elaborar un inventario de las propiedades del CEA debido al gran número de recursos y contratos en estudio para la venta de terrenos, y que los datos obtenidos recientemente muestran que los archivos de la oficina inmobiliaria del CEA contienen decenas de miles de expedientes, y que también se desconocía el uso y destino de los terrenos.
