El pueblo dominicano tenía más hambre de justicia que de pan. La gente salió a las calles y llenó plazas y parques de todo el país en busca de justicia, exigiendo que los saqueadores del erario fueran sometidos, despenalizados y despojados de los bienes que habían robado impunemente durante más de dos décadas.
Aún oigo las palabras del entonces candidato presidencial Luis Abinader cuando prometió en su discurso de investidura, hace más de dos años, llevar a los corruptos ante la justicia y hacerles pagar por sus crímenes. Y las repitió una y otra vez, ante Dios y ante el pueblo, por el bien del país y por mi honor, después de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
No me cabe duda de que el Presidente Abinader estaba interesado en combatir y condenar la corrupción en todas sus formas. Pero creo que pecó de ingenuo. La justicia no podría alcanzarse en un sistema hinchado por el vicio del desfalco.
Para que la lucha contra el saqueo y el robo del patrimonio público tuviera éxito, era absolutamente necesario introducir cambios significativos e incluso radicales en todo el sistema judicial, desde la base hasta la cúspide.
Como ya he dicho en otras ocasiones, no bastaba con nombrar al Sr. Mirian Germain Director de la Fiscalía.
Por muy competente y honesto que sea, todos los demás fiscales -absolutamente todos los fiscales- deben su cargo al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que se ha convertido en el partido hegemónico que controla todo el poder en el Estado, incluido el poder de facto sobre la comunidad empresarial, la prensa y la iglesia.
El PLD se convirtió en una sociedad anónima económica y política; el PLD se alzó en armas a través del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales. No se podía hacer justicia sin destruir el andamiaje judicial.
Era necesario demoler esta estructura, construida para garantizar la impunidad de los políticos corruptos que hoy ostentan impunemente su poder financiero. Y lo peor de todo es que el Presidente Abinader no puede hacer más de lo que ha hecho al amparo de la Constitución y de la ley.
