La Dirección General de Contratación Pública (DGCP) anunció ayer que ha remitido a la fiscalía la licitación del contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integrado de centros de control de tráfico y redes de señales de tráfico en el Gran Santo Domingo por graves irregularidades en la licitación entre Transcoa Latam y el Instituto Nacional de Transporte Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTRANT), y que remitiría el caso al Ministerio Público para que invalidara el contrato de 1.300 millones de reales entre la empresa y el INTRANT.
El organismo señaló la necesidad de identificar a los beneficiarios finales de Transcore Latam, SRL, e investigar su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con el contrato.
Carlos Pimentel, Director de Contratos Públicos, declaró en rueda de prensa que los resultados se remitirían al Departamento de Justicia, que examinaría posibles actos delictivos cometidos por las empresas adjudicatarias de los contratos.
Caso Intrant: se encontraron graves irregularidades y se enviaron dos informes a Pepka.
Se ha impuesto a la empresa una sanción administrativa y el proceso se está llevando a cabo en colaboración con el Consejo de Cuentas.
Como resultado de los hallazgos en las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, el órgano de gobierno, junto con el Departamento Antifraude de la Oficina de Auditoría de la República, llevará a cabo procedimientos de sanción administrativa contra Transkore Latam y determinará las consecuencias legales de acuerdo con la naturaleza de las irregularidades y los hechos a los que se hace referencia en estas resoluciones.
Asimismo, luego de constatar que las sanciones administrativas emitidas por la Comisión de Adquisiciones y Contrataciones presentan vicios que afectan su validez por graves violaciones al debido proceso, el Primer Informe de Evaluación Preliminar de la Oferta Técnica y el Informe Final de Evaluación de la Oferta Técnica, por lo que el contrato entre Transcore Latam e INTRANT es inválido. El informe los declaró inválidos.
El informe de la DGCP también constató la existencia de un esquema societario para ocultar a los verdaderos beneficiarios del contrato, identificando evidencias de falsificación de documentos, estructura societaria inexacta, composición accionaria difusa, carácter inusual y exacto de los resultados de los indicadores calculados en base a los estados financieros, movimientos accionarios sospechosos y otras irregularidades.
En el curso de la investigación y la diligencia debida, la DGCP pudo identificar una estructura corporativa compleja con claros indicios del uso de mecanismos para establecer múltiples empresas a través de una única entidad o un único beneficiario efectivo. Este fenómeno apunta a una práctica de ocultación deliberada de la identidad de la persona o entidad que en última instancia se beneficia de las operaciones.
