Hoy, 25 de noviembre, recordamos uno de los crímenes más horrendos cometidos bajo la tiranía de Trujillo: el asesinato de las hermanas Mirabal y su compañero, Rufino de la Cruz. Fue un crimen de Estado.
Durante los 30 años de opresión de Trujillo, niñas, adolescentes y mujeres vivieron en perpetua inseguridad, con sus cuerpos totalmente desprotegidos y sometidos a la cosificación y el castigo del tirano, su familia y la maquinaria gubernamental.
Tirando piedras a la educación crítica
El abuso sexual era ejercido por quienes encabezaban el Estado y sus instituciones, y por sus allegados, de manera totalmente justificada socialmente, justificada en términos como esposas de jefes y quienes vivían con jefes, mientras que las niñas, adolescentes y mujeres eran totalmente apropiadas y la violación sexual se hacía un asunto privado La violación sexual se convirtió en un asunto privado entre los jefes y los hombres de su entorno. Este fenómeno socialmente legitimado se vendió como espontáneo en el imaginario cultural y aceptado por las mujeres, cuando en realidad era todo lo contrario. Miles de mujeres fueron víctimas de violaciones y crímenes. Los asesinatos cometidos por mujeres no se denunciaban ni perseguían, mientras que las palizas y asesinatos de mujeres a manos de hombres se aceptaban como algo normal. Cuestiones íntimas y pasionales en las que la justicia no intervenía.
Esta fecha visibiliza la realidad de inseguridad, desprotección y violencia, pues la mayoría de mujeres hoy son víctimas de violencia sexual y física por parte de sus allegados, familiares, parejas y ex parejas.
El impacto de la tiranía trujillista y su aparato ideológico y cultural se perpetúa en la sociedad dominicana, apoyado en la promoción de la masculinidad violenta, las debilidades en la prevención y persecución de la violencia de género, y la protección y acompañamiento a las víctimas.
A nivel nacional, el continuo dominio del poder masculino en las esferas micro y macro normaliza la disposición y cosificación de los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres a través del acoso, el abuso sexual, el incesto y la violencia. Los cuerpos de las mujeres son explotados públicamente en el sistema sanitario, en la educación y en todas las esferas sociales.
No se les permite ejercer libremente sus derechos y tomar decisiones sobre sus cuerpos bajo amenaza de expulsión de la escuela, exclusión del sistema educativo, negación de su derecho a la atención médica integral si deciden abortar un embarazo por violación, y sanciones sociales como prostitutas, marroquineras y abortistas. También se les niega el acceso a una educación sexual integral que les proporcione los medios para poner fin al acoso, el abuso y la violencia a los que se ven sometidas constantemente.
