WASHINGTON (AP) — Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el lunes que los particulares y las organizaciones como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) no están legitimados para presentar demandas en virtud de una disposición clave de la Ley federal del Derecho al Voto. La sentencia es incompatible con décadas de precedentes y podría socavar aún más las protecciones establecidas en la histórica ley de 1965.
La decisión por 2-1 del Tribunal de Apelación del 8º Circuito, con sede en San Luis, sostuvo que sólo el Fiscal General Federal puede invocar la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto.
La mayoría señaló que otros estatutos federales, incluida la Ley de Derechos Civiles de 1964, dejan claro cuándo pueden interponer demandas las entidades privadas, pero la Ley Electoral carece de un lenguaje similar.
Cuando faltan tales detalles, no podemos rellenar los espacios en blanco a menos que “el texto y la estructura” lo exijan”, escribió el juez federal David R. Stras en su opinión mayoritaria, a la que se unió el juez Raymond W. Gruender. El juez Stras fue nominado por el ex presidente Donald Trump y el juez Groender fue nominado por el ex presidente George W. Bush.
La decisión confirmó el fallo de un juez de primera instancia que desestimó el caso presentado por la Conferencia NAACP de Arkansas y el Panel de Políticas Públicas de Arkansas después de dar al Fiscal General Merrick B. Garland cinco días para responder al caso.
En su opinión discrepante, el juez R. Ravensky R. Smith señaló que los tribunales federales y el Tribunal Supremo de EE.UU. de todo el país han aceptado varios casos presentados por demandantes privados al amparo del artículo II.
También fue nombrado por George W. Bush.
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Cassidy informó desde Atlanta. Los periodistas de Associated Press Kevin McGill en Nueva Orleans, Nicholas Riccardi en Denver y Mark Sherman en Washington contribuyeron a este despacho.
