El colapso del muro del paso a desnivel de la calle 27-Máximo Gómez, que cobró la vida de ocho personas, entre ellas cuatro puertorriqueños, es el más impactante de los muchos hechos lamentables ocurridos durante los torrenciales aguaceros que inundaron el país el pasado fin de semana. La magnitud del desastre en zonas rurales y urbanas no es tanto culpa de las lluvias, sino, en última instancia, el resultado de graves fallos en la gestión de los espacios naturales y construidos, de la escasa institucionalidad y de las divisiones sociales que pesan sobre todos nosotros. El mal estado de los muros, la magnitud del deterioro del tráfico, el transporte y el tránsito en lo que es esencialmente el Gran Santo Domingo, y la cantidad de residuos sólidos que impiden el drenaje de las aguas pluviales son ejemplos de lo que se sabe desde hace tiempo.
De hecho, los medios de comunicación informaron de que los ingenieros del CODIA llevaban más de 20 años advirtiendo de los defectos estructurales del muro. Si es así, no actuaron con la debida diligencia. Sobre todo porque, en noviembre del año pasado, habían advertido de la magnitud y los peligros del cambio climático al registrar precipitaciones en 24 horas comparables a las actuales. La pregunta es: ¿quién no actuó con seriedad? En un país mínimamente institucionalizado, ese sería el ayuntamiento. De hecho, cuando se produce una catástrofe de este tipo, aunque sea menor, el responsable de la labor de la institución suele dimitir. Pero si se convirtiera en una demanda formal, ¿qué institución sería la demandada?
La FU-PLD mantiene una alianza incómoda entre sí.
Mientras que las obras más importantes de las ciudades las realizan esencialmente los ingenieros de obras públicas, según los ayuntamientos, son ellos los primeros obligados a gestionar el impacto de estas obras en el tráfico, el transporte, la circulación, la ordenación urbana y regional. Además, en caso de catástrofe natural grave, son sustituidos, como es bien sabido, por una acción improvisada, laxa y negligente de la administración central. ……
En tales casos, la protección civil, el 911, diversas comisiones y otros organismos pueden ser de ayuda, pero lo importante es la gestión adecuada y la ordenación del territorio, que es responsabilidad de los municipios. Las federaciones de municipios y distritos municipales, y fundamentalmente la Federación Dominicana de Municipios y el gobierno central, deben tomar en serio esta situación, extraer las lecciones necesarias e insistir en que se otorgue a este país poderes locales que expresen de manera coherente los principios de descentralización y subsidiariedad municipal. Esta es la mejor y única forma de organizar eficientemente los territorios.
