Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, presentó a tres comisiones permanentes de la Cámara de Diputados la posición del Gobierno dominicano sobre la construcción unilateral e ilegal del canal de trasvase en el río Dajabón del lado haitiano y las acciones diplomáticas que se han desplegado.
En una reunión conjunta de las Comisiones Permanentes de Fuerzas Armadas, Asuntos Fronterizos, y de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, de la Cámara Baja, que contó con la presencia del presidente de esa ala del Congreso Nacional, Alfredo Pacheco; el canciller indicó que desde que el Gobierno dominicano se enteró de la construcción del canal de trasvase, en abril de 2021, se solicitó que se detuviera la obra para propiciar un diálogo sobre el interés de los haitianos.
“Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante: para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción del canal sobre el río Dajabón, por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que esta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible”, sostuvo el funcionario.
Acciones diplomáticas
Tal y como lo hizo ante el Senado de la República, Álvarez indicó que, el 27 abril de 2021 envió una nota diplomática al Gobierno haitiano exigiéndole paralizar la construcción unilateral del canal, por violar las disposiciones del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 entre República Dominicana y Haití; que el 5 de mayo, Haití solicitó una reunión para explicar el proyecto; que el 7 de mayo, el país respondió acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, la cual se celebró el 27 de mayo del 2021.
Al respecto aclaró que, contrario a lo expuesto por el Gobierno haitiano, en la declaración conjunta que surgió del encuentro “no se accedió en forma alguna a la construcción del canal” y que, por el contrario, se mantuvo la exigencia de que se detuviera la obra y se presentaran los estudios pertinentes.
En consecuencia, manifestó que la construcción del canal resulta ilegal, porque el Gobierno haitiano nunca notificó oficialmente al dominicano sobre dicha obra, como establece el artículo 10 del Tratado de 1929; y nunca se proporcionó un estudio sobre su impacto ambiental.
Además, reiteró que los análisis técnicos dominicanos muestran que el canal perjudicaría gravemente el medio ambiente de ambos territorios y que tiene potencial de inundar la planta binacional Codevi, que emplea a unos 19,000 haitianos, a parte de la población dominicana de Dajabón y la haitiana de Ouanaminthe, durante la época de crecida del rio.
Mediación internacional
Ante la indiferencia del Gobierno haitiano a los reiterados llamados a que se detenga la obra, Álvarez dijo que buscó, el 24 de septiembre, la colaboración internacional de terceros imparciales, reuniéndose, en la ciudad de Washington, DC, con el secretario general de la OEA, para detallarle todo lo relacionado al canal.
“Así las cosas, el 16 y 17 de octubre estuvieron en el país el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, Jean Michel Arrighi y otro funcionario de la OEA para hacer el levantamiento de nuestra posición. Posteriormente hicieron una visita similar a Haití”, detalló.
Alternativas futuras
El diplomático aseguró a los congresistas que aún existen alternativas por explorar para solucionar el diferendo, citando como ejemplo la experiencia del manejo conjunto de las aguas en el Sur; y posibilidad de cooperaciones para implementar soluciones alternativas que sean factibles a nivel técnico y medioambiental.
