Uno de los semáforos inteligentes instalados por Transcoa Latam.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato de semaforización del Gran Santo Domingo porque el Ministerio de Transporte Terrestre (Intrant) ya había pagado 863,16 millones de pesos a la empresa contratista.
Cuando Contrataciones Públicas emitió una resolución el 27 de octubre para suspender el contrato con Transcoa Latam SRL, Intrant había anunciado que el proyecto se había completado en un 65,54%.
El valor total del contrato era de 1.317 millones de pesos y se firmó el 18 de mayo de este año.
La DGCP no tuvo conocimiento de las irregularidades hasta siete meses después de que se le enviara el contrato.
Según anunció ayer el Director de la DGCP, Carlos Pimentel, los expedientes sospechosos de fraude no se enviaron al Fiscal General hasta esta mañana.
En una rueda de prensa, el Director General Pimentel declaró que se descubrieron graves irregularidades en el contrato, lo que le obligó a anularlo y a remitir el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Carlos Pimentel, Director General de la DGCP, dijo: «Debido a las graves violaciones al debido proceso, las autoridades declaran nulos el primer ‘Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas’ y el ‘Informe Final de Evaluación de Ofertas Técnicas'».
Agregó que esta decisión fue tomada luego de constatar que las sanciones administrativas emitidas por la Comisión Intendente de Compras y Contrataciones en base a los mencionados informes adolecían de las mismas deficiencias que afectaban su validez.
Pimentel anunció que se están investigando dos de las denuncias presentadas contra la licitación del contrato para la modernización, ampliación, supervisión y sistema de integración del centro de control de tráfico y red semafórica del Gran St Dogo.
Esto excede la disponibilidad del Estado y lo pone en riesgo, con posibles responsabilidades penales y financieras para los implicados.
Entre las irregularidades constatadas figuran la falsificación de documentos, variaciones en la composición del accionariado y movimientos sospechosos de accionistas.
En cuanto a las empresas que firmaron los contratos, se identificó un entramado de sociedades con estructuras empresariales complejas, con claros indicios del uso de mecanismos para establecer múltiples empresas a través de una única entidad o un único beneficiario final, señaló.
Afirmaron que este fenómeno apunta a una práctica consistente en ocultar deliberadamente la identidad de la persona o entidad que finalmente se beneficia de la transacción.
También informan de que llegaron a falsificar las firmas de sus vicepresidentes, y que después de que Ray Cuesta, vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcore LP, el ejecutivo de la empresa Junho J. Lee y Jim McDonald se presentaran como miembros el miércoles, éstos negaron ser miembros de la empresa.
Por su parte, la firma de abogados Pellerano y Herrera, que representa a Transcore LP en el país, aclaró que no tiene ninguna relación con Transcore Latam y su propietario, Pedro Vinicio Padovani Báez.
