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Juicio Mariposa: un hito en la condena mundial de la violencia contra las mujeres

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Parte 1 Tuvieron que pasar dos años para que el poder judicial condenara este caso que cambió la historia de las mujeres en la República Dominicana y en el mundo. Exactamente dos años después d.

Parte 1

Tuvieron que pasar dos años para que el poder judicial condenara este caso que cambió la historia de las mujeres en la República Dominicana y en el mundo. Exactamente dos años después del asesinato de las hermanas Mirabal y su chófer, un día después, sus asesinos fueron condenados.

Las tres valientes hermanas – Patria, Minerva y María Teresa – habían luchado contra la tiranía de Trujillo y fueron despreciablemente asesinadas junto con su chófer el 25 de noviembre de 1960. En este día, el barrio Retro recuerda el juicio y la condena de los autores de este crimen.

Juicio.

El fiscal, Dr. Rafael Barrera Benítez, solicitó una condena pública de 30 años contra las hermanas Mirabal y cinco ex agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que participaron directamente en el asesinato de Rufino de la Cruz, quien conducía el coche en el que viajaban las hermanas.

La sentencia se dictó un día después del segundo aniversario del asesinato de estas valientes jóvenes que lucharon contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La 35ª vista, que comenzó con una modesta audiencia, contó con la presencia de mujeres, ya que la sala estaba completamente llena por la tarde. Entre los presentes se encontraba el Dr. Manuel A. Tavares Justo, esposo de Minerva Mirabal.

El fiscal pidió 30 años de trabajos públicos para Ciriaco de la Rosa Luciano, Manuel Alfonso Cruz Valerio, Emilio Estrada Mareta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Olivero.

También pidió 20 años de prisión para Víctor Arcinio, ex jefe del SIM en el Cibao al momento del cuádruple asesinato, y la misma pena para Candito Torres Tejeda, quien se encontraba fuera del país al momento del juicio. Para los demás implicados pidió penas de prisión de entre dos y cinco años.

Partido Cívico.

Antonio Guzmán y Guzmán, uno de los abogados del Partido Cívico, comenzó su intervención a las 10.30 horas y se prolongó hasta la una de la tarde.

El abogado lamentó la ausencia de los doctores Francisco Carvajal Martínez y Ramón Pina Acevedo, quienes fueron deportados por el Gobierno dominicano.

En este contexto, señaló que era muy importante que hubiera dos abogados menos por la parte civil, mientras que había tres más por la defensa. En vista de ello, consideró que el juicio contra los acusados en el caso de los asesinatos de las hermanas Mirabal era el más grave en Dominica.

Declaraciones del Fiscal (argumentos).

La Fiscal del Estado, Dra. Valera Benítez, inició su deposición a las 4:10 de la tarde, señalando que las hermanas Mirabal siguen estando en el corazón de la sociedad dominicana y que esta tragedia es un hecho que va más allá del contexto penal y más allá del contenedor legal.

En esa línea, señaló que los cuatro asesinatos fueron obra de un monstruo criminal llamado Servicio de Inteligencia Militar. Continuó dando una extensa explicación para determinar que el SIM era un grupo de criminales y subrayó que el hecho de que algunos de este grupo fueran miembros de las fuerzas armadas significaba que no podían ser procesados, como afirmó uno de los acusados.

Afirmó que Clodoveo Ortiz y Rojas Lora no podían ser procesados porque pertenecían a la Armada. Lo mismo ocurría con Gómez Santana, que pertenecía al ejército, y Ciriaco de la Rosa, que era sargento de policía.

En sus conclusiones, el fiscal Valera Benítez exigió 30 años de servicio público para de la Rosa, Cruz Valerio, Estrada Maleta, Rojas Lora y Pérez Terrero. Por complicidad en un cuádruple asesinato, la fiscalía solicitó 20 años de trabajos públicos para Cándido Torres y Peña Rivera.

Además, solicitaron cinco años para Gómez Santana y Viterbo Álvarez (Pechito), tres años para Olivero Segura y Peña Ortiz, y dos años para Sindito Almonte, sujetos a una clemencia adecuada.

Valera Benítez también solicitó que se condenara al grupo al pago de las costas y a una compensación económica en beneficio de las partes civiles, pero que la cuantía se dejara a discreción del tribunal.

En este contexto, también llamó al SIM y a la ASI, representados por Rafael Leonidas Trujillo y sus testaferros presidenciales, entre ellos Héctor Bienvenido Trujillo y Joaquín Balaguer, a violar todos los preceptos legales y reglamentarios y a apoyar el régimen ilegal y antidemocrático de facto, por la fuerza y exigió que la organización fuera declarada organización dedicada a apoyarles mediante la violencia y el crimen.

Lejos de ser una organización afiliada a las fuerzas armadas y a sus mandos tácticos y estratégicos, el SIM y la ASI no tienen nada que ver con la búsqueda, el análisis y el manejo de información que amenace la soberanía, la integridad territorial y la independencia de la República.

El certificado del Estado Mayor del Ejército indica que el servicio G-2 es una rama del Estado Mayor que se aplica a las actividades de inteligencia militar para proteger el país y no tiene nada que ver con el SIM o la ASI.

Defensa (respuesta escrita).

A las 22:15 horas, el abogado defensor Dr. Héctor Barón Goyco inició su intervención con un homenaje a las hermanas Mirabal. Afirmó que sus muertes habían entristecido no sólo a sus familias, sino a toda la República.

Señaló que la historia criminal de Trujillo comenzó cuando era teniente del ejército durante la ocupación estadounidense del Estado de El Ceibo. En esa época, Trujillo ordenó colocar un revólver en la casa de su familia, los acusó de poseer armas de fuego y los multó e incautó.

En cuanto a los acusados, declaró que no podía procesarlos sin antes conocer el carácter y la educación de la persona. Candito Torres llamó a Ciriaco de la Rosa a Palacio Nacional y le explicó que cuando el general Román le dio la orden, lo hizo en nombre del tirano ejecutado.

En este contexto, afirmó que en cuanto Ciriaco recibió la orden, su voluntad se distorsionó. Esto se debió a que la orden provenía del Señor del Pueblo, dueño de una fuerza armada de 50.000 efectivos respaldada por mil millones de pesos y de la fuerza aérea y naval. Al referirse a la orden de asesinar a la señora Mirabal, Goico señaló que Peña Rivera había recibido previamente esa orden y que se negó valientemente a cometer el crimen, por lo que Ciriaco de la Rosa fue nombrado en el Café «Antillas» de Santiago.

Goico añadió que la Fiscalía ve un gigante donde sólo hay molinos de viento, y en su afán de proteger a la sociedad, ve un espejismo.

En este sentido, señaló, Peña Rivera se excluye de la complicidad en el caso. Esto porque la orden la dio Trujillo, Candito Torres le informó y él informó a Ciriaco de la Rosa, liberándose así de toda culpa.

En cuanto a Ciriaco, afirmó que se daban las condiciones requeridas y que, sin embargo, el acusado trató de eludir el delito mintiendo cuando informó de que las hermanas Mirabal viajaban con ancianos y niños.

Afirmó que los actos delictivos de Ciriaco y su grupo no tuvieron ningún efecto sobre Peña Rivera. Explicó además que el Tribunal se vio obligado a aceptar los hechos tal y como los declaró De la Rosa porque carecía de pruebas para presentar una alegación contraria.

De la Rosa dijo que si Trujillo hubiera comparecido ante el tribunal, todo el mundo habría temblado. La prueba de ello fue un poema que describió como hermoso.

Sentencia.

El juez de la Cámara Nacional en lo Criminal de Instrucción a cargo del juicio fue el Dr. Osvaldo B. Soto. Soto deliberó en su despacho, pero nadie pudo determinar cuánto tiempo duraría.

En este sentido, la decisión del juez puso fin a uno de los juicios más destacados que se hayan celebrado en la República Dominicana, según la opinión generalmente aceptada. Los resultados fueron anunciados a la mañana siguiente del juicio, donde se detallaron las sentencias de cada acusado.

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