Minera Panamá S.A. explota la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica, con una inversión de 10.000 millones de dólares, según la empresa.
El actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio respaldó el sábado la lucha del pueblo panameño contra la operación de la gigantesca mina de cobre, epicentro de una crisis nacional que se ha cobrado cuatro vidas y ha dejado millonarias pérdidas al país.
En su cuenta de Instagram, la estrella de Hollywood publicó un vídeo de la organización Re:Wild, titulado ‘Panamá Te Quiero Verde, Shut down the mega-mine’, de Duletvindigena y Waguafilms. El vídeo se volvió a publicar.
Los panameños se han unido para defender la naturaleza y piden a la Corte Suprema de Panamá que declare inconstitucional el controvertido proyecto minero en el bosque protegido Bosque Donoso.
La zona minera se encuentra en el corazón del mayor corredor biológico de Mesoamérica, y las actividades mineras tendrían efectos devastadores sobre los ecosistemas circundantes, las especies y las personas.
El pueblo panameño puede conseguir una importante victoria para la biodiversidad y allanar el camino hacia un futuro más sostenible.
La Corte Suprema de Panamá anunció el 20 de octubre que celebrará una sesión plenaria de nueve magistrados el 24 de noviembre para pronunciarse lo antes posible sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra el contrato ley que renovó las concesiones mineras a Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals de Canadá, por 20 años. La empresa anunció que el 24 de noviembre se celebrará una sesión plenaria de nueve jueces para fallar lo antes posible.
Minera Panamá explota la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica, con una inversión de 10.000 millones de dólares, según la empresa, y exporta mineral al mercado chino, especialmente a partir de 2019.
Mientras tanto, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha garantizado que el nuevo contrato garantiza el monitoreo ambiental y que los pagos anuales al fisco serán 10 veces mayores, de USD 375 millones, en comparación con el antiguo contrato, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
La aprobación explícita de este contrato ley por el Congreso y el Ejecutivo provocó las mayores manifestaciones públicas en Panamá en décadas, con pánico a los actos vandálicos por parte de los acusados de ser infiltrados, y la policía acusada de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Sindicatos y grupos indígenas no apoyan las acciones legales emprendidas por el Tribunal Supremo e insisten en la derogación de la ley de contratos por el Parlamento. Por ello, mantienen los cortes de carretera que ya han causado cuatro vidas y al menos 1.700 millones de dólares en pérdidas económicas, según las organizaciones patronales.
