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Operación ‘Kolibrí’ desmantela red dirigida a falsificar documentos oficiales

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La operación 'Kolibrí' fue lanzada por el Ministerio Público contra personas que presuntamente causaban daños al sistema nacional de registro civil. El Ministerio Público y la Policía Nacional.

La operación ‘Kolibrí’ fue lanzada por el Ministerio Público contra personas que presuntamente causaban daños al sistema nacional de registro civil.

El Ministerio Público y la Policía Nacional, en colaboración con la Junta Central Electoral (JCE), desmantelaron una red dirigida a falsificar documentos oficiales a través de la operación «Colibrí».

Según la Fiscalía, la red se dedicaba a falsificar actas de nacimiento, documentos de identidad, títulos universitarios, propiedades, licencias de conducir y permisos para portar armas, y los vendía a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

La operación Colibrí fue lanzada por el Ministerio Público contra los presuntos responsables de dañar el sistema de registro civil de la República Dominicana, y contó con el apoyo de unidades especiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía y otras fuerzas del orden.

Veinte fiscales y más de 200 policías fueron movilizados para esta acción, que se saldó con 18 allanamientos y la detención de más de una docena de personas, entre ellas dos funcionarios de la JCE.

Durante varios meses, las unidades de investigación y falsificación de la Fiscalía de Santiago habían estado trabajando con los Departamentos de Seguridad Civil, Inspección, Identificación y Asesoría Jurídica de la JCE para rastrear los movimientos ilícitos de los miembros de la red.

Además de la emisión fraudulenta de documentos de identidad, la red también se dedicaba a la falsificación de permisos de conducir, permisos de porte y tenencia de armas de fuego, títulos de enseñanza media, partidas de bautismo, certificados de matrimonio e incluso certificados de defunción.

Los detenidos en las redadas podrían ser acusados de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos oficiales, permitidos por el Código Penal dominicano, además de los enumerados en la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.

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