SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), y la Junta Central Electoral (JCE), dejaron instalado un plan piloto de captura de datos biométricos como parte de los trabajos de implementación del voto penitenciario para las elecciones presidenciales del próximo año 2024.
El plan se inició en el centro de privación de libertad ubicado en la Fortaleza Juana Núñez, de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. Para su inicio una delegación de funcionarios de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, designada por la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, realizaron las coordinaciones de lugar para establecer los equipos tecnológicos que requiere este proceso.
Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, manifestó que el estado social y democrático de derecho necesita que las instituciones públicas hagan convenios como este donde se establece un compromiso de devolverle lo que es un derecho fundamental a los privados de libertad. “En el 2016 tuvimos las elecciones para los presos preventivos, pero quisimos ahora dar un paso hacia delante, algo que garantizará lo que hoy es un plan operativo, que es lo que necesita la DGSPC y la Procuraduría para tener un control y pretendemos que este modelo sea replicado en los demás centros penitenciarios”, dijo.
De su lado, Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa un anhelo y un derecho que merecen los privados de libertad, que es el derecho al voto y que el mismo se va a aunar con el derecho a la identidad porque también será abarcado en esta fase. “Nosotros hemos tenido este anhelo por años en nuestros centros, yo pienso que este convenio va a partir del compromiso del voto penitenciario a darle otros componentes de control de data al sistema penitenciario”, expresó.
En el acuerdo se establece que solo se realizará el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.
Con la iniciativa se cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Para llevar a cabo este procedimiento, se identificarán biométricamente a todos los internos del centro penitenciario y a los que tengan cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica, y al final de cada semana serán enviados los maestros de cedulados desde el centro de cedulación del municipio, previamente autorizados por la DNC, a los fines de que sean anexados a la ficha del centro.
