Las familias propietarias de la empresa han pedido a los jueces que tomen una decisión justa para que se resuelva de forma contundente su situación jurídica.
El equipo encargado de la defensa legal de las familias Mayol y Serrano, afectadas por el fraude de Costa Dorada, presentó una solicitud urgente a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se pronuncien sobre el caso de la recusación de 16 jueces de la Sala Penal de Apelaciones del Circuito Nacional.
Los magistrados manifestaron que entienden que la evasión de los jueces fue orquestada por la empresa Global Multibusiness Corporation, representada por el imputado en el caso, el abogado Rafael Olegario Helena Regalado.
El objetivo de esta acción es obstaculizar el recurso presentado contra la sentencia, que excluyó del proceso a las verdaderas víctimas de la estafa de Costa Dorada, e impedir la vista de la causa.
El equipo jurídico se refiere a los demandantes Hilari Mayor, Mayor & Compania, The Okra Company y Grand Caisse.
El equipo que dirige la acción judicial contra los acusados de estafa está encabezado por Juan Tomás Vargas de Camps, Ignacio Miranda Cubilette, Manuel Sierra Pérez, Adi Manuel Tapia de la Cruz y Laura Acosta.
En su petición al Tribunal Supremo, señalan que la decisión sobre la recusación aún no se ha dictado después de 12 meses, el plazo máximo permitido por la ley para una decisión en este tipo de casos.
La falta de resolución en plazo de las solicitudes de repetición de juicio, por omisión y de forma involuntaria, contribuye a la impunidad de los infractores de la ley e impide a algunas partes ejercer su derecho de defensa, el más sagrado de los derechos protegidos y ejercitables ante el sistema judicial, señala.
Mientras tanto, la solicitud a la Corte Suprema pide a la jueza María Garabito Ramírez, de la Sala Penal de la Corte Suprema, que restrinja la discusión y la toma de decisiones sobre el caso.
Al hacer esta petición a la jueza, los representantes legales de las familias Mayor y Serrano afirman que han tenido en cuenta la relación entre una de las acusadas, Irek Paloma Soto Garabito, y su sobrina.
Esta petición, argumentan, está justificada por la necesidad de delicadeza y transparencia en la administración de justicia.
No obstante, se reconoce la diligencia y competencia de la jueza, así como su intachable trayectoria.
Con la recusación de tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la Jurisdicción Nacional, el expediente del fraude inmobiliario en Costa Dorada, Baní, que afecta a más de 6 millones de metros cuadrados de suelo costero, quedó en un complejo limbo jurídico, ya que el órgano judicial no ha decidido resolver la situación.
El juez Julio César Cano Alfau de la Sala Penal de la Corte Nacional de Apelación para la Jurisdicción Nacional, la jueza Doris Pujols Ortiz del Juzgado 3 y el juez Rafael Intlongs Báez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Apelación para la Jurisdicción Nacional a la izquierda; Rafael Arntlongs Báez y Ramona Rodríguez del Juzgado 1, Nancy Joaquin Castillo, Isis Muniz, Yury Tamaris, Indhira Montas y Daniel Nolasco; y Delio Germán, Luis Omar Jiménez, Rosalba Gharib, Pedro Sánchez Rivera y Mariana Daneira García de la Sala Segunda.
La audiencia de apelación se ha retrasado más de nueve meses, lo que, junto con los retrasos judiciales, se cree que forma parte de una estrategia para presentar posteriormente una petición de prescripción y extinción de la acción penal.
Desde 2013, las familias Mayol y Serrano, que cuentan con una tradición industrial de décadas, se han visto expuestas a actividades fraudulentas tras revelarse que una red mafiosa utilizó a una persona fallecida para falsificar documentos para la venta de acciones de Costa Dorada. Ya se han condenado algunas tácticas dilatorias para obstruir y, en consecuencia, paralizar el proceso judicial.
