El presidente Luis Abinader emitió los Decretos No. 584 y 585 para mitigar los efectos que actualmente sufre el país por los fenómenos atmosféricos que están provocando lluvias acumuladas e inundaciones.
En el Decreto No 584-23, el Presidente dispuso la suspensión de labores en el territorio nacional, tanto en el sector público como en el privado, desde las 10 de la noche del sábado 18 de noviembre de 2023 hasta las 7 de la mañana del lunes 20 de noviembre de 2023, debido a los efectos de los fenómenos atmosféricos que actualmente afectan el territorio nacional.
Asimismo, instruye al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Administración Pública para que determinen la forma de aplicar la referida suspensión en los sectores privado y público, respectivamente.
De igual forma, el Decreto No 585-23 declaró el estado de emergencia para la compra y contratación de bienes y servicios utilizados en labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción, debido a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por el paso de los fenómenos atmosféricos a nivel nacional.
Como siempre lo ha señalado el Poder Ejecutivo, se estipula que este procedimiento excepcional deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la normatividad vigente en materia de contrataciones públicas.
Asimismo, se establece que los organismos deberán gestionar el procedimiento excepcional por emergencia nacional a través de un portal de transacciones administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas y remitir un informe detallado a la Contraloría y Auditoría General de la República.
Estos decretos advierten que, como consecuencia del cambio climático, las precipitaciones aumentarán y sus efectos serán más intensos e impredecibles, produciéndose lluvias fuera de las estaciones establecidas.
Sin embargo, las medidas necesarias para lograrlo se amparan en el artículo 8 de la Constitución, que establece que es función esencial del Estado proteger eficazmente los derechos de las personas y que, por lo tanto, es deber del Ejecutivo implementar medidas tendientes a proteger y salvaguardar a la población de amenazas de toda índole, incluyendo las derivadas de fenómenos naturales se adoptan medidas.
