En 1995, Ismail Serageldin, entonces Vicepresidente del Banco Mundial, dijo que si las guerras del siglo XX fueron por el petróleo, las guerras del próximo siglo serán por el agua. Más de dos décadas después, esta predicción es cada vez más válida.
Lo hemos visto de primera mano con el actual conflicto con Haití por el río Masacre, pero desgraciadamente este es solo el principio de los retos a los que nos enfrentamos en el frente del agua.
En 2016, el Foro Económico Mundial identificó la seguridad del agua como el reto más importante a medio plazo al que se enfrenta la humanidad. El acceso fiable al agua potable y al saneamiento es fundamental para la salud y la calidad de vida.
Además, el agua es el motor de la agricultura y de ella depende nuestra capacidad para ser autosuficientes. Sectores clave como la industria, la minería y el turismo también dependen de un suministro fiable de agua.
Hacer frente a las fluctuaciones del agua, como inundaciones, sequías y catástrofes naturales, así como a las enfermedades causadas por un tratamiento inadecuado de las aguas residuales, es crucial para proteger la vida y cuidar los ecosistemas.
La alteración de este recurso puede tener graves consecuencias económicas.
Como resultado de años de mala gestión de este valioso recurso, el Gobierno actual se enfrenta a una situación tan insostenible como alarmante.
Según un análisis realizado por el Departamento de Industria y Comercio, hay suficiente agua disponible para satisfacer la demanda de servicios clave hasta 2050, si tan sólo se cambiara radicalmente la gestión y el uso del recurso.
Según estadísticas del Banco Mundial, nueve de cada diez dominicanos dependen del agua embotellada como principal fuente de agua potable, y más de dos tercios de los hogares utilizan tanques, bombas o cisternas para almacenar agua para el consumo diario.
El Gobierno actual ha dado pasos importantes en la dirección correcta al establecer un Gabinete del Sector del Agua y lanzar el Pacto Nacional del Agua 2021-2036, que reúne a las partes interesadas de la sociedad y el Gobierno para encontrar soluciones viables y establecer políticas para prevenir y restaurar los daños.
Además, se ha elaborado un plan de gestión integrada de las cuencas hidrográficas prioritarias y el poder ejecutivo ha trabajado en una ley de aguas para dotar al Estado de los medios necesarios para conservar el recurso como bien público. Estas medidas educativas, de investigación y técnicas contribuirán a garantizar el acceso al agua y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
