Santo Domingo – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) condena la injerencia del gobierno central en la elección del Gremio a la Procuraduría General de la República (PGR) en un intento de influir en el resultado final, apoyándose en la intimidación de profesionales del derecho que son servidores públicos, para votar por un candidato en particular bajo pena de ser cancelado de sus cargos Los obliga a romper las reglas del juego.
Miguel Surun Hernández, presidente de la Tarjeta, indicó que la estratagema del gobierno para apoyar al candidato también incluyó el uso generalizado de abogados militares y policiales, a quienes se les ordenó específicamente votar por la placa número 7 durante una reunión celebrada en una instalación militar.
En lugar de desempeñar el papel de ser el garante de la seguridad de todos los actores del proceso electoral, incluida la Comisión Nacional Electoral, la Policía Nacional se convirtió en un instrumento de abuso que posibilitó secuestrar a miembros de la comisión durante más de 2 horas, desde las 21:00 de la noche del 3 hasta las 3: 30 de la madrugada del domingo 5, en un ataque por parte de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, miembros de la organización electoral y Luis Yepes Sankar Lamento que llegara a su clímax. Como una forma de contribuir al boletín final, dice Surun Hernández.
Sindicalistas demostraron que la Policía Nacional no solo sirvió de apoyo a turbas que hirieron y atacaron vehículos y miembros de la comisión electoral, sino que también mantuvo el edificio de la Escuela Nacional de Abogados, donde funciona la comisión y se resguardan los materiales utilizados en el proceso recién aprobado, de manera ilegal e inconstitucional y sin órdenes judiciales.Esto muestra signos del nivel de abuso, especialmente si tenemos en cuenta las denuncias del notario Manuel Emilio Méndez. Fue notariado, quien certificó ante notario el convenio de alianza suscrito entre diego José García y Trajano Vidal Potentini, cuya firma fue confirmada por ambos.
Así las cosas, el notario, como hace referencia el video de la llamada realizada al mismo sitio, dijo que lo único que hizo fue notarizar el contrato, quien confirmó su firma y sello en cada una de las páginas, pero por temor a sanciones se vio obligado a mentir, dijeron los miembros del gremio.
Expertos legales también pidieron una investigación sobre las denuncias de que más de 7 millones de pesos invertidos a favor de candidatos oficialistas que lideran La Plancha, según confirmó el líder peredeísta Diego José García, le habían comprado al líder opositor más de 300 millones de pesos.
Indicó que García confesó en el programa de radio El Sol de la Mañana que le habían dado 400 millones de pesos para apoyar a Johan López.Esto no solo constituye un delito de lavado de activos previsto y sancionado por la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sino que también considera el origen falso de fondos presuntamente provenientes de los recursos financieros de la República Dominicana.
En la República Dominicana, lamentamos que el precario estado de derecho se haya deteriorado a tal nivel que el gobierno no pueda usar el poder, la extorsión y el dinero para celebrar elecciones sin torcer los brazos de la voluntad de las masas.El presidente del Card dijo que quiere interferir en la elección del gremio, así como lamenta que haya un departamento que condene al colegio de abogados cuando el verdadero culpable es el gobierno.
Surun Hernández exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga para que el edificio propiedad del Colegio Nacional de Abogados les sea devuelto de inmediato.
