Colegio de Abogados denuncia a PGR por sector dudoso que amenaza a instituciones de gobierno
Surun Hernández culpa al gobierno de lo que le suceda
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Colegio Dominicano de Abogados (CARD) denunció a la Dirección General de Justicia (PGR) por las amenazas y presiones que ejerce una oscura organización vinculada al partido de gobierno para causar daños y agresiones tanto en el edificio donde funciona la Comisión Electoral como donde se encuentra la sede del gremio. El sindicato denunció
En una nota enviada a la prensa, el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, afirmó que estas amenazas y agresiones han atentado no sólo contra los miembros de la comisión electoral sino también contra su propia vida. Así se desprende del audio en el que Diego Babado, simpatizante del candidato del PRM, Diego José García, amenaza con atentar contra su vida.
Es lamentable que algunos funcionarios hayan emprendido una campaña de intensa persecución contra personas vinculadas a la organización de las elecciones celebradas el sábado 2 de diciembre, y que notarios que actuaron en nombre del contrato de la alianza firmada con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también hayan sido amenazados y presionados por el Ejército del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que han notariado el amenazado con graves consecuencias si no emitían documentos desmintiéndolos.
Los sindicalistas expresaron que en un país que dice ser una democracia, el hecho de que se permita que los partidos públicos persigan sistemáticamente a quienes celebran elecciones y pretendan desconocer las instituciones que controlan los eventos de participación democrática, es una señal de que las cosas se encaminan hacia la dictadura, sobre todo cuando el gobierno intenta controlar el voto de la oposición de acuerdo a sus propios intereses. Pretender desconocer las alianzas electorales firmadas y avaladas por los partidos firmantes, en un momento de intensos esfuerzos, es inaceptable en democracia.
Surun Hernández exigió al Gobierno respeto a las libertades sindicales, en particular a la autodeterminación sindical, frente a los intentos de atentar contra el Colegio de Abogados con fines reeleccionistas y las amenazas de muerte contra varios miembros del Colegio en un intento de hacerles desconocer la voluntad popular de la comunidad jurídica nacional, e instó al Fiscal General a actuar. El Tribunal le instó a hacerlo.
