La semana pasada asistí al lanzamiento de Inicio, joyas de larimar diseñadas por Mónica Barrera y Miguel Mendes. Lo interesante de este evento fue que los creadores eran artesanos que forman parte del proyecto Manos Dominicanas del programa Supérate.
Los artesanos fabricaron joyas diseñadas por Mónica y Miguel. Esto les proporcionó una fuente de ingresos y, al mismo tiempo, pusieron en práctica una serie de habilidades que habían adquirido a través de la formación en diferentes campos.
Sin embargo, me interesan mucho las oportunidades que existen para promover el desarrollo de grupos vulnerables a través de los principios de la compra responsable, más que centrarme en la contribución que Start Pieces puede hacer a la joyería. Para ir al grano, este concepto no es más que prácticas de consumo que tienen en cuenta el impacto social, económico y medioambiental de los productos que adquieren. En otras palabras, adquirir bienes y servicios utilizando criterios ESG.
El término también está estrechamente relacionado con la compra verde, pero en este caso va más allá. Se refiere a la influencia que tienen los compradores y consumidores en sus respectivas decisiones de compra.
Por un lado, alguien compra una joya. Sus compras contribuyen a generar ingresos para familias que viven en situaciones vulnerables, en las que la fuente de independencia económica son las joyas. Por otro lado, los fondos generados por la venta contribuyen significativamente a la promoción del larimar en la República Dominicana y se utilizan para apoyar a los joyeros, que actualmente se encuentran en una situación vulnerable.
En el otro extremo se encuentran las compras públicas. A menudo se dice con razón que el Estado es el mayor comprador de la República Dominicana. Las instituciones estatales son enormes consumidoras de bienes para implementar diversas políticas públicas y servicios para mantener en funcionamiento las distintas instituciones.
En otras palabras, tienen un enorme poder sobre el bienestar de los pequeños productores y comerciantes. Hace varios años, bajo la dirección del Ministerio de Industria, Comercio y PYME, la Dirección General de Contratación Pública promovió una serie de medidas que daban prioridad a la adquisición de bienes y servicios prestados por PYME. Al mismo tiempo, se adoptaron medidas para fomentar el consumo por parte del Estado de los productos de las PYME dirigidas por mujeres.
Sin duda, esta decisión ha contribuido a corregir algunas desigualdades. Y aquí es donde viene el siguiente paso. La compra responsable implica también el concepto de responsabilidad ampliada.
En la responsabilidad ampliada, una organización toma disposiciones para animar a sus proveedores a comportarse de forma responsable. Por ejemplo, supongamos que quiero comprar harina para hacer pan. Cuando haga negocios con un proveedor, incluiré en mi contrato una cláusula que diga que, para comprar sus productos, la harina debe producirse con métodos de comercio justo.
Esto se aplica a diversas situaciones. Por ejemplo, cuando firmo un contrato con una empresa para diseñar una página web, incluiré en el contrato que la empresa debe emplear a un determinado número de mujeres y personas discapacitadas.
La idea es que mi consumo como institución promueva prácticas responsables y buenas. Así, cuando compro productos en las tiendas de Manos Dominicanas, implícitamente estoy participando en un contrato para que todos sus productos sean elaborados por hombres y mujeres vulnerables, contribuyendo así a su independencia económica.
Lo mismo puede y debe ocurrir en las compras del sector público. Por un lado, están los criterios clásicos de transparencia y cumplimiento de mandatos. Por otra parte, la ampliación de la cláusula de responsabilidad significa que los criterios para la compra de bienes y servicios no son sólo el precio, sino también el establecimiento de valores socialmente responsables con las personas y situaciones más relevantes para el desarrollo social y económico del país.
