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Las autoridades locales tendrán potestad para detener a los inmigrantes que carezcan de los documentos necesarios para entrar en el país, y los jueces, para deportarlos. La ley también prevé un mínimo de 10 años de cárcel para el tráfico ilícito de migrantes, añadió Abbott.
Hace unas semanas, México calificó la ley de medida políticamente motivada. En Estados Unidos, la aplicación de las leyes de inmigración, el control de las fronteras y la negociación de acuerdos internacionales son competencia exclusiva del gobierno federal, subrayó entonces la cancillería mexicana.
Es probable que la ley sea el inicio de una larga batalla legal entre el gobierno federal, que establece y aplica las leyes de inmigración en general, y las organizaciones civiles y de derechos humanos.
El Fondo de Educación de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, por sus siglas en inglés) afirmó que estas malas medidas tendrían probablemente un efecto perjudicial en la comunidad latina del estado, provocando separaciones familiares y problemas con las autoridades.
La crisis migratoria ha provocado fuertes tensiones entre republicanos y demócratas. En la actualidad, republicanos y demócratas mantienen duras negociaciones en el Congreso, en las que los conservadores buscan la aprobación de un paquete de ayudas para Ucrania, supeditado a la aplicación de políticas estrictas para frenar la inmigración.
El tira y afloja político se intensifica a medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre. El posible rival de Biden, el ex presidente republicano Donald Trump, declaró este fin de semana que los inmigrantes manchan la sangre estadounidense.
