Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.
La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas.
Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad al decreto de Milei ha ido incrementándose.
Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”.
En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de “pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina” y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser “inconstitucional y antidemocrático”.
“¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas”, reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.
El ministro aseguró que la Justicia será quien tendrá que “analizar en forma imparcial” el DNU y reiteró que él “no le tiene miedo a la ilegalidad”.
De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país.
En boca de todos está el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Argentina, que eventualmente podría fallar en contra del decreto.
