Guatemala Estados Unidos anunció el lunes (4 de diciembre) que está animando a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que intensifique su respuesta a los ataques a la democracia en Guatemala.
El embajador de EE.UU. ante la OEA, Francisco Mora, dijo que está consultando con otros Estados miembros de la OEA para redactar una resolución más seria en respuesta a los crecientes ataques a la democracia de Guatemala.
Si este Consejo no se levanta y se pronuncia a favor de la democracia en Guatemala ahora, el impacto no se limitará a Guatemala, dijo el Embajador Mora en una reunión especial en la sede de la OEA en Washington.
La reunión del Consejo Permanente fue solicitada por los representantes de Chile, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.
El 30 de noviembre, el Congreso de Guatemala resolvió retirar la inmunidad a cuatro funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras meses de actos antidemocráticos y corruptos dirigidos a socavar la voluntad del pueblo guatemalteco y anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
Según estos cinco países, estos actos son contrarios a la Carta Democrática Interamericana y son actos corruptos dirigidos a socavar la transferencia pacífica y democrática del poder al Presidente Arévalo y al Vicepresidente Herrera electos y a atacar a quienes buscan defender la democracia.
En un mensaje de vídeo difundido durante la reunión, el Ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Mario Bucaro, expresó su incredulidad sobre la legitimidad de los motivos de la convocatoria.
Guatemala no está de acuerdo, dijo, y subrayó la necesidad de mantener un trato respetuoso entre los Estados que integran la OEA y de respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos.
El proceso de transición de Alejandro Jeanmattei a Bernardo Arévalo de León avanza pacíficamente, contrariamente a lo que afirmaron los relatores el lunes, añadió Bucaro.
La revocación de la inmunidad judicial de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral fue por la supuesta compra ilegal de equipos no oficiales de cálculo de datos utilizados en las elecciones de este año.