Buenos Aires – Desde la ex presidenta Cristina Fernández hasta figuras radicales, el plan de Millay para reconstruir la economía argentina, anunciado el miércoles, ha sido convocado espontáneamente en las redes sociales para por organizaciones sociales y grupos cívicos en apoyo al plan, ha provocado un fuerte rechazo político y social que va más allá del descontento expresado en las calles.
La ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), que criticó a Millay por centrarse en reprimir las protestas ruidosas en lugar de garantizar los derechos de los argentinos, exigió que “hay que leer toda la Constitución, no hay que poner a los argentinos en contra…”. No debemos”, exigió.
En momentos en que la democracia [argentina] celebra 40 años de continuidad, nuestro país asiste, como nunca antes, a un hecho institucional de enorme trascendencia. El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) tuiteó que ‘el Poder Ejecutivo se ha apropiado de las facultades exclusivas del Legislativo en un claro acto de abuso de poder’.
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Desde su asunción, la Presidenta y el ministro de Economía (Luis Caputo) han utilizado reiteradamente datos falsos para intentar instalar un escenario de caos con el fin de justificar la destrucción del Estado y de los derechos de los trabajadores. Y no son sólo ex dirigentes peronistas los que cuestionan las intenciones del líder libertario.
La Presidenta debería reemplazar este DNU inválido por una “ley espejo” que pueda ser votada por los capítulos y convocar a una (sesión) extraordinaria para tratarlo con urgencia.
De esta manera, podremos autorizar las reformas positivas que puedan ser consensuadas y evitar las que no lo sean”, sugirió el senador Martín Lousteau.
En el partido de centroderecha Propuesta Republicana (PRO), fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y cuyos dirigentes, algunos de los cuales han ocupado puestos clave en el Gobierno de Millay, el debate sobre el plan económico del Gobierno aún no está zanjado.
En este momento frágil y amenazador, debemos reconocer la urgencia de tomar medidas valientes. No hacerlo, advirtió Macri, expondría a millones de argentinos al riesgo de hiperinflación, que podría tener un impacto devastador en sus vidas.
Sin embargo, en el mundo sindical crecen las voces que rechazan el plan de estabilización económica. La central sindical considera que las medidas del Gobierno reducen los derechos laborales y sociales.
Veintidós años después de la peor crisis de Argentina, el “cacerolazo” vuelve a las calles.
El principal sindicato de Argentina, la Confederación Central Peronista (CGT), que se había abstenido de participar en las protestas convocadas por las organizaciones sociales hasta que no quedara claro el alcance del decreto firmado por Millay, ha convocado hoy, miércoles 27 de diciembre, una marcha para pedir la derogación del decreto, que incide directamente en la legislación laboral rechazan las medidas propuestas por el ejecutivo que desregularían un amplio abanico de sectores de la actividad económica y que, además, reducirían la influencia y la capacidad recaudatoria de las organizaciones sindicales.
Por otra parte, las organizaciones empresariales han expresado su firme apoyo a los ajustes fiscales y la desregulación propuestos por el Gobierno Millay. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio e Industria (CAC) expresaron su apoyo al decreto, que pretende convertir todas las empresas estatales en sociedades anónimas y privatizarlas posteriormente para desregular la economía argentina.
La AEA declaró que “la toma de posesión del nuevo gobierno crea la esperanza de que se pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, las altas tasas de inflación y un aumento significativo de la pobreza”.
La UIA, por su parte, elogió las enmiendas por promover la creación de empleo formal y garantizar la prestación de servicios esenciales de trascendental importancia, así como por sancionar explícitamente los bloqueos empresariales.
Por otro lado, la CAC expresó su acuerdo con el Presidente Millay sobre los males del universalismo estatal, que asfixia al sector privado y reduce a nuestro país a un estado atrasado, y sobre la necesidad de desregulación en muchos aspectos de nuestra economía.
Mientras tanto, por segunda noche consecutiva, cacerolazos y manifestaciones espontáneas en las principales ciudades del país -Rosario, Córdoba, La Plata, Bariloche y Buenos Aires- en repudio al anuncio del gobierno, cientos de personas volvieron a concentrarse frente a la Asamblea Nacional.
