El paquete legislativo, que se debatirá del 26 de diciembre al 31 de enero, forma parte del programa de reformas de Millay y está incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía y el sector público. No lo logró y provocó el rechazo generalizado de la sociedad argentina.
Entre las iniciativas presentadas al Congreso se encontraba el Proyecto de Ley de Reforma de las Funciones del Estado, que acompaña y profundiza la iniciativa fiscal y pretende reducir el gasto público modificando el sistema tributario del país, que es competencia exclusiva del Congreso.
Millay presentó un plan para reconstruir la economía y convertir a Argentina en una potencia mundial.
El plan incluye reformas administrativas que permitirán la privatización de empresas estatales, una de las promesas electorales del Presidente.
También incluye la posibilidad de establecer una papeleta única para las próximas elecciones, que permitiría a los votantes identificar los nombres de los candidatos y de todas las fuerzas políticas en papeletas individuales.
De este modo, los partidos quedarían liberados de la obligación de imprimir y distribuir papeletas, se reduciría el número de fiscales encargados de la gestión de las papeletas y se reducirían los costes del Estado.
La ley ya está en vigor en cinco de las 24 provincias argentinas y sólo deberá ser debatida en el Senado, ya que a partir de 2022 se debate en la Cámara de Diputados a nivel nacional.
También está a consideración el retiro de la rebaja del Impuesto a las Ganancias resuelta por el anterior Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) en la Ley de Impuesto a las Ganancias de las Personas Físicas.
Por último, el Gobierno de La Libertad Avanza, el partido político de Mirei, espera que se apruebe un acuerdo comercial, concretamente la eliminación de la doble imposición en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal con China, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Luxemburgo y Turquía.
