SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), informó que realiza una investigación para determinar la responsabilidad de los agentes penitenciarios que permitieron hacer una llamada a un medio de comunicación, al privado de libertad, Fausto Miguel Cruz de la Mota, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera.
A través de un comunicado de prensa, la DGSPC dijo que la experticia la realiza la subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel Polanco, quien en estos momentos se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, para tales fines.
Por otro lado, la institución del sistema penitenciario informó que, desde su ingreso al sistema penitenciario, el privado de libertad, Fausto Miguel Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de centros de salud privados del país.
La DGSPC reveló que según registra el libro de asistencia de la institución, Cruz de la Mota, quien guarda prisión en la cárcel Najayo Hombre, en San Cristóbal, ha sido visto por especialistas de la salud, en todos los momentos que lo ha requerido.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales actúa en cumplimiento a la Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario, la cual, entre los derechos de los privados de libertad, establece el derecho a la salud y a la comunicación telefónica, y cuyo uso de dicha comunicación está reservada para sus familiares y representantes legales, según lo establece el artículo 4 numeral 11 de la Ley.
La DGSPC, aclara que es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas privadas de libertad continúen agrediendo a la sociedad durante el cumplimiento de su condena.
Agrega que para esto lleva a cabo el Plan de Eliminación de Teléfonos No Autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) , con resultados positivos .
Como parte de este Plan ha sido posible el desmantelamiento de estructuras de conexión a internet que se encontraban habilitadas en los centros penitenciarios y la incautación de equipos de comunicación que eran utilizados por privados de libertad para cometer ilícitos.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales para garantizar el derecho a la comunicación de los privados de libertad ha instalado doscientas catorce (214) Comuniagencias, en coordinación con la Procuraduría General de la República, las cuales fueron distribuidas en todos los centros penitenciarios a nivel nacional.
