Candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez se ha pronunciado sobre la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección de Inteligencia Nacional Inteligencia (DNI), que calificó de inconstitucional y regresiva, porque claramente dejó una brecha inaceptable con el carácter autoritario. Es alarmante e inaceptable leer entre líneas lo que pretenden introducir en este proyecto de ley, porque la libertad de expresión y la democracia tanta sangre, tanto sacrificio y años de lucha le han costado al pueblo dominicano. Peor aún, este artículo busca darle facultades exclusivas a la DNI, para operar al margen de la fiscalía dominicana, desconociendo además lo que establece el Código Procesal Penal, todo lo relacionado con el debido proceso en las investigaciones y superar las leyes que rigen la la fiscalía, el poder judicial y las fuerzas armadas.
A través de un comunicado de prensa, calificó de muy preocupante el artículo 9 de la ley, que busca establecer que en el marco de la competencia de la DNI, las investigaciones se realizarán antes de que personas u organizaciones se hagan según sus propias consideraciones. , sin orden del juez ni intervención del fiscal, incluso si la persona está involucrada en la investigación, por lo que una persona puede ser investigada y su teléfono intervenido, entre otras violaciones de la privacidad, constituye una violación de la privacidad. derecho a la intimidad, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 54.
También hace referencia al artículo 27, que prevé sanciones contra quienes divulguen o manipulen información como parte de una investigación realizada por la DNI o si consideran que esa información podría afectar la seguridad Nacional. Pero debemos preguntarnos con qué criterios de legalidad y justicia decidirán sus acciones, si todo indica que actuarán al margen de cualquier ley y reportarán sólo a la Autoridad Ejecutiva, dijo. No podemos volver a una época en la que se violaban abiertamente los derechos, con escuchas telefónicas a los deportistas medallistas, detenciones arbitrarias para las llamadas investigaciones, sin orden judicial, sin la presencia de un fiscal o de cualquier otra persona que garantizara los derechos de los ciudadanos.
Entendemos que el Estado es la primera autoridad que debe emitir una orden, por ejemplo, y en este caso sería ideal nombrar un juez especial para conocer este tipo de solicitudes. Dijo que era importante respetar y hacer cumplir la ley.
