SEVILLA, 16 de enero. (PRENSA UE)- El Juzgado Primero de Menores de Sevilla condenó a un adolescente de 17 años a 55 horas de servicios comunitarios por invasión de la privacidad, cometida al hackear la cuenta de Google de la empresa de un profesor en su instituto. por quien él y sus padres tendrán que pagar una indemnización de mil euros.
En su sentencia dictada el 13 de noviembre, el tribunal consideró acreditada la declaración, según el menor imputado, de que había admitido la verdad, que entre el 14 de febrero y el 5 de abril de 2022, sin consentimiento y violando las medidas de seguridad pertinentes, ha estado accediendo desde entonces. su teléfono celular, en muchos casos, una cuenta de unidad virtual/nube vinculada a una cuenta corporativa de Google propiedad de su maestra, donde almacena su información personal y laboral. Durante la audiencia, según sentencia, el menor se declaró autor de los hechos y manifestó su consentimiento a la medida que el fiscal solicitó en su contra, en este caso la medida de 55 horas de servicio en beneficio de la comunidad.
para que comprenda que ha hecho mal, que merece culpa social, que los hechos cometidos son graves, que el daño ha sido causado gratuitamente a una persona y prestar sus servicios necesarios en beneficio de la comunidad es un justo acto de reparación. Por este motivo, el Juzgado de Menores Número Uno de Sevilla condenó al adolescente a 55 horas de servicios en beneficio de la comunidad por invasión de la intimidad, así como a una indemnización de mil euros al profesor, con daño moral nominal. la cantidad que el menor y sus padres deben pagar conjuntamente.
Fran Peláez, abogado de la empresa PenalTech de Sevilla y experto en la protección de los derechos del profesorado en este caso, afirmó que en este sentido este tipo de delitos tecnológicos resulta extremadamente difícil de perseguir debido a la complejidad del delito. identificando al autor. evento.
. En este caso particular, inferimos que el intruso probablemente era una persona del entorno de la educadora interesada en el tipo de información que almacenaba en la nube. Por tanto, ante una situación tan incomprensible, sólo es posible identificar al culpable a través de la dirección IP que permita identificar el dispositivo en Internet o en una red local, según el abogado experto en delitos informáticos.
