Estas declaraciones surgen luego de que el pasado domingo se revelara, a través de una conferencia en redes sociales, cómo activistas del PRM ingresaron a una zona militar ubicada en la provincia de Azua. La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, anunció este miércoles que la dirección de esta organización política se reunirá esta tarde para escuchar denuncias relacionadas con el uso de recursos estatales en el marco del reclutamiento político. Nos reuniremos esta tarde para escuchar todas estas quejas.
Determinar de inmediato qué haremos, lo comunicaremos luego de participar en una actividad organizada en la sede del Ministerio del Interior y Policía (MIP), dijo Mejía. Estas declaraciones se dan luego de revelarse el pasado domingo cómo, a través de redes sociales, activistas del PRM ingresaron a una zona militar ubicada en la provincia de Azua. En el apartado audiovisual se puede observar que los autos conducidos por dirigentes de Perremeís están rotulados con imágenes del candidato presidencial, Luis Abinader, y representantes de este municipio.
En ese contexto, Mejía reiteró el compromiso del PRM de respetar la honestidad y la transparencia en la gestión estatal. Además, asegura que los jefes de instituciones públicas exigen a sus colaboradores respetar regulaciones y estándares para evitar la involucración de agencias gubernamentales de capacitación en campañas políticas. La Comisión Electoral Central, como autoridad competente, atenderá estas inquietudes luego de realizar las evaluaciones pertinentes, concluyó el alcalde del Distrito Nacional.
Por otra parte, la Comisión Electoral Central (JCE) emitió un comunicado el martes en el que expresa su pesar por la propaganda política que se infiltra en las instalaciones militares. Además, llamó a las organizaciones políticas a no permitir injerencias políticas en cuarteles militares y otras instalaciones de las fuerzas armadas. Por otro lado, el Ejército de República Dominicana ordenó el reemplazo de dos comandantes de la Brigada 3 y del Batallón 13 en la provincia de Azua para responder al incidente.
Sin embargo, la agencia militar no precisó si los deportados recibirían algún castigo.
