Santo Domingo.-Con la expedición del decreto ejecutivo que cancela el permiso otorgado para construir el Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), se aprobó el proyecto que causa daño al país de interés por sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de diciembre que confirma la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA). El controvertido proyecto carece de fundamento jurídico y viabilidad porque el tribunal ya lo ha confirmado. El presidente Luis Abinader anuló el Decreto 270-20 de julio de 2020, apenas 23 días después de transferir el mando al empresario Abraham Hazoury y al grupo Abrisa.
Le puede interesar: Justifican la decisión contra el aeropuerto La decisión de la SCJ señala que el organismo ejecutivo incurrió en un superávit al emitir el decreto que autoriza la construcción. Entre las consideraciones del decreto 2-24 publicado ayer, citamos específicamente la sentencia de la Corte Suprema, incluida la desestimación unánime del recurso de AIB que buscaba invalidar la declaración declarada perjudicial para los intereses nacionales, emitida por Aviación Civil. (IDAC) y de paso rechazó el proyecto tal como fue diseñado y aprobado originalmente.
El Tribunal Supremo afirmó en su decisión que el proyecto debería haber sido objeto de una licitación y no haber sido adjudicado de forma escalonada por el poder ejecutivo. La TSA considera perjudicial para el interés público el permiso emitido por IDAC el 11 de agosto de 2020 para construir este aeropuerto y por ello ha revocado el permiso para iniciar las obras. En octubre de 2020, el propio IDAC declaró al AIB perjudicial para el interés público, argumentando que la aprobación del AIB violaba los principios, reglas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, lo que justificó su nulidad y ordenó una moratoria en su construcción.
En la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de fecha 12 de septiembre de 2022 cancelando el permiso ambiental a favor de esta obra, corrigiendo así las violaciones cometidas al final del gobierno anterior, reafirmando con ello el fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica en la República Dominicana. República. La promulgación de este Decreto es un paso importante hacia la consolidación de un sistema jurídico más sólido y la protección de los intereses nacionales.
La justicia ha prevalecido, dijo, y aplaudimos que el presidente Luis Abinader haya dado este paso para subsanar la autorización irregular para proteger los intereses comunes de República Dominicana. Destacó la importancia del fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Con esta acción, el presidente Abinader está dando una importante señal de respeto a la separación de poderes, dijo.
