FINJUS reitera la necesidad de reformar las leyes de adquisiciones y contratos Al conmemorarse ayer el Día de la Justicia, la Fundación Instituciones y Justicia (Finjus) y la Defensoría del Pueblo evaluaron logros e identificaron desafíos en la aplicación de la justicia en 2024. Entre los desafíos pendientes relacionados con el sistema de justicia, Finjus dijo que se debe seguir fortaleciendo el nivel de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de las diferentes agencias que interactúan en él. A nivel institucional, enfatizó que en la agenda prioritaria del país permanecen una serie de reformas que tendrán un impacto significativo en el funcionamiento del sistema de justicia y deben ser abordadas hacia 2024.
Entre ellas, citó la modificación de la Ley N° 10-07 para crear el Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República; la adopción de un Código Penal moderno y consensuado; nueva ley de contratación pública; ley sobre trata de personas y creación del Ministerio de Justicia. Para Finjus, es fundamental que las instituciones del sistema penitenciario unan fuerzas para abordar y priorizar de manera urgente la sobrepoblación carcelaria. En ese sentido, enfatizó que se debe conocer y evaluar la situación específica de cada recluso para desarrollar alternativas funcionales en el marco del respeto a sus derechos y el desarrollo del sistema.
‘Hay que reconocer que el hacinamiento en las instalaciones pone de relieve la urgencia de respetar la dignidad del sistema penitenciario’, afirmó. Reiteró que la dignidad humana es inviolable y constituye un derecho fundamental de toda persona privada de libertad, por lo que enfatizó que se debe respetar lo físico, lo psíquico y su ética y moral, al tiempo que se deben brindar condiciones efectivas de salud que brinden un trato humano justo. .
Respecto a la aplicabilidad de las normas jurídicas para administrar justicia, la sociedad civil señaló que si bien se desea lograr un sistema en el que la inmunidad se reduzca al mínimo, es importante asegurar que los responsables de la justicia y/o actores y facilitadores del sistema conserven sus derechos. discreción y sentido de responsabilidad en las acciones que realizan. En su declaración enfatizó que un aspecto de preocupación y debate es la aplicación de la privación preventiva de libertad como forma de coacción.
Creemos que se debe proteger el número de casos que se benefician de esta medida. Para evitar su distorsión, es necesario tomar como punto de partida asegurar la presencia del imputado durante el proceso y ante la jurisdicción respectiva, considerada como una entidad. Explicó que la prisión preventiva es una medida excepcional y sólo se aplica cuando la fuga del imputado no puede impedirse razonablemente, factor que no puede ser desvirtuado.
En general, dijo, sólo los casos más graves y complejos se procesan con este método. La Fundación Instituciones y Justicia destaca que en 2023 ha quedado clara la importancia de simplificar la persecución penal, lo que conducirá a la persecución estratégica de los delincuentes, como uno de los principales retos a los que nos enfrentaremos en 2024. Es necesario tener en cuenta el impacto sobre los intereses legítimos protegidos y priorizar soluciones no punitivas.
En este sentido, es fundamental garantizar una atención excepcional a las víctimas, sin dejar de garantizar el debido proceso de ley, enfatizó. Finalmente, Finjus reiteró la importancia del debido proceso dentro de un marco institucional. De esta manera, garantizar los derechos de las personas, con el apoyo de tribunales competentes, requiere que el poder sancionador del Estado complete las etapas de investigación y sanción cuando cualquier individuo acredite el delito de un hecho ilícito.
. En su valoración, Finjus dijo que 2023 es el año en que se pongan en práctica las normas pertinentes para promover la aplicación de la ley dominicana. En el ámbito judicial destaca la implementación de la Ley 2-23 sobre recursos de casación, demostrando importantes avances en la actualización y fortalecimiento del marco legal.
