La Vicepresidenta de la República Raquel Peña aseguró que el Presidente Luis Abinader ha establecido un panel para considerar la ley que crea la Dirección del Servicio Nacional de Inteligencia (DNI) , ha causado controversia ya que algunos creen que sus artículos violan la privacidad de los ciudadanos. En ese sentido, expresó el funcionario, el presidente ha dicho que se ha puesto una mesa y todo eso será revisado. Estas palabras fueron pronunciadas al finalizar la misa conmemorativa del Día de la Virgen de La Altagracia en la basílica de Higüey, en la provincia que lleva el nombre del Protector de los Católicos.
Al salir del templo, Peña dijo que República Dominicana es un pueblo de fe, por lo que ella y el presidente pidieron a la fe seguir avanzando en las decisiones que tomen. Tres disposiciones de la ley recientemente promulgada que crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) preocupan a varios sectores de la sociedad civil, que ven el texto legislativo como una amenaza directa a la libertad de prensa, la privacidad y el secreto profesional. Se trata de los artículos 9, 11 y 26 de la Ley 1-24, que tratan aspectos relativos a la obligación de cualquier persona de proporcionar información al DNI, cuando así se considere procedente.
En concreto, el artículo 9, apartado 1, estipula que la DNI podrá investigar cualquier actividad realizada por personas, grupos o asociaciones que violen intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, causen daño al estado de derecho, pongan en peligro la seguridad nacional e interna o intenten establecer una forma de gobierno contraria al orden constitucional. El artículo 11 entra en el debate sobre la ley que obliga a las autoridades públicas, organizaciones privadas o particulares, sin perjuicio de los procedimientos legales, a proteger y garantizar el derecho a la intimidad y al honor personal, a transferir toda la información a la Dirección General de Inteligencia. Esto requiere proteger la seguridad nacional.
Al mismo tiempo, el artículo 26 de la Ley 1-24 regula las sanciones penales. Como una pena leve de prisión de dos a tres años y una multa de nueve a quince salarios mínimos en el sector público. Esto va dirigido contra quienes ocultan información a petición del DNI.
Los artículos anteriores están siendo cuestionados por organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus). También participaron la Asociación de la Prensa Dominicana y el amplio Frente Popular de Lucha. Asimismo, darán su opinión al respecto líderes religiosos que ven la alianza como una amenaza directa al secreto profesional y a la libertad de prensa.
