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Orden de cárcel al grupo que borró los archivos de la PGR

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El juez del Juzgado Correccional VII del Distrito Nacional ordenó la continuación de prisión del imputado Alfredo Mirambeaux Villalona, ​​en relación con el caso Gavilán.

La jueza Deiby Peguero tomó la decisión al negarse a reconsiderar la medida cautelar interpuesta por el imputado a través de su abogado Carlos Mesa, aprobando con ello la medida coercitiva en su contra. El juez del Juzgado Correccional VII del Distrito Nacional ordenó la continuación de prisión del imputado Alfredo Mirambeaux Villalona, ​​en relación con el caso Gavilán. La jueza Deiby Peguero dictó decisión negando la revisión de la orden de alejamiento interpuesta por el imputado a través de su abogado Carlos Mesa, aprobando con ello la orden de alejamiento en su contra.

La fiscal Sourally Jáquez, quien estuvo acompañada a la audiencia por el fiscal Andrés Mena, explicó que el fundamento del tribunal para mantener el penal fue que el presupuesto para medidas de ejecución se mantuviera sin cambios. También señaló que el juez alegó que esto se debió a la gravedad del asunto, ya que el imputado era un alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la base de datos. Según la Fiscalía, los imputados participaron en una red de borrados y alteraciones de antecedentes penales de 16.958 personas, que fue desmantelada mediante la Operación Gavilán a principios de agosto del año pasado.

Mirambeaux Villalona es una de las cinco personas involucradas en este procedimiento legal y cumple 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva impuesta por la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional. Con la Operación Gavilán, la Fiscalía ha presentado cargos preliminares contra una red de fiscales, personal administrativo y policías que se han dedicado durante muchos años a borrar antecedentes de delincuentes a cambio de sobornos. En el proceso de limpieza de antecedentes penales que lleva a cabo esta red criminal, se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, personas acusadas de violencia de género y adulteración de alcohol, así como secuestro, esta estructura llegó al punto en que los encarcelados tuvieron que cumplir sus condenas.

hasta 30 años de prisión sin aparentemente antecedentes penales en los registros oficiales. Durante el allanamiento se incautaron indicios de los delitos cometidos por el imputado, como dispositivos electrónicos, evidencias de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentos de identificación y copia de documentos de identidad.

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