Los imputados son Rafael Antonio Báez y Juan Ramón Figueroa. En cuanto a Báez, pasará tres meses en prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación y Rehabilitación (CCR) de San Felipe de Puerto Plata, mientras que Figueroa estará bajo arresto domiciliario durante seis meses. La red era operada haciéndose pasar por organizaciones y funcionarios, pidiéndoles que entregaran bienes por valor de millones de dólares, además de utilizar cheques y pedidos falsos a nombre de organizaciones estatales.
Se cree que los estafadores utilizaron servicios de transporte no oficiales con el objetivo de no dejar rastro de identificación y evitar responsabilidad penal. La investigación del Ministerio Público liderada por la fiscal Warlyn Tavares y la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dicrim) tiene como objetivo poner fin a estas actividades ilícitas y mantener la integridad de los sistemas comerciales y gubernamentales. El fiscal José Martínez Montán presentó pruebas ante el juez Romaldy Marcelino Henríquez, destacando la gravedad del hecho y la certeza de la investigación.
