Durante los tres años y tres meses de su Gobierno, más de cuatro funcionarios le han solicitado licencia al presidente Luis Abinader con el fin de no interceder en las investigaciones que realizan las autoridades sobre ellos o la entidad que dirigen.
Corrupción, irregularidades de contratos, agresión sexual son algunos de los temas que han llevado a los ministros Kimberly Taveras y Lisandro Macarrulla, así como a los directores Leonardo Faña, Adán Peguero y el más reciente, Hugo Beras a pedir al mandatario el cese temporal de sus funciones.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, solicitó a Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, tras surgir nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
“Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader», dijo Beras en un comunicado.
El pasado lunes 29 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó la suspensión del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997.
Esta suspensión se debió indicios de “irregularidades” en el proceso de licitación llevado a cabo para los fines del proyecto.
Días antes de solicitar licencia, Beras rompió en llanto al mencionar los efectos que han tenido en su vida personal los cuestionamientos públicos a su dirigencia tras las medidas tomadas por la DGCP.
KINSBERLY TAVERAS
Sin embargo, Beras no es el primero que se ve involucrado en este tipo de situaciones, en el año 2020 la entonces ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, pidió una licencia al presidente Luis Abinader para ser investigada sobre su declaración de bienes, de RD$74 millones, presentada ante la Cámara de Cuentas.
Esto tras un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, donde cuestionó a Taveras sobre sus bienes; también surgieron acusaciones de hacer contrataciones con el Estado, entre sus empresas y el ayuntamiento de Boca Chica, donde su esposo era regidor.
Kinsberly pidió el cese de sus funciones sin disfrute de sueldo el 19 de octubre de 2020 “para actuar como ciudadana” y se puso a disposición de la justicia.
No obstante, para el 7 de diciembre de 2020, la exfuncionaria anunció su renuncia del Ministerio de la Juventud, afirmando que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público estaban afectando su vida personal, actividades profesionales y políticas.
Actualmente, Taveras continua en las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde será la candidata a diputada por la circunscripción cinco.
