Esta mañana el Ministerio de Obras Públicas trabajó en la solicitud para aplicar medidas de ejecución, entre ellas prisión preventiva, garantía financiera e interdicción de salida, que el Ministerio presentará en la próxima Parte de fecha y hora contra el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros integrantes de la red que defraudaron millones de pesos a quienes les brindaban viviendas en el llamado proyecto inmobiliario, mediante múltiples artimañas fraudulentas. Ayer, el constructor fue interrogado durante varias horas por la directora del Ministerio Público, la fiscal adjunta de Yeni, Berenice Reynoso, y luego trasladado a la prisión temporal del Juzgado de Ciudad Nueva, donde quedó detenido junto a otros involucrados en la red. .
Los fiscales anunciaron que solicitarán prisión temporal para evitar que los imputados sean acusados de fraude, lavado de dinero y asociación para delinquir en perjuicio de las víctimas, a través de quienes proporcionaron viviendas a siete proyectos inmobiliarios. Por este caso fue citada la esposa de Rivera Ledesma, Escarlata Cruz, quien compareció ante la directora del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso. La red criminal utilizó a las empresas Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Wimar Group, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear esquemas inmobiliarios fraudulentos para llevar a cabo las estafas.
La Fiscalía afirmó que el imputado Rivera Ledesma realizó una serie de artimañas para evitar que las víctimas presentaran denuncias en su contra o retiraran denuncias ya presentadas. Señaló que también buscó que las víctimas firmaran nuevos contratos y tomaran otras acciones encaminadas a entorpecer la investigación, lo que sugiere que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir medidas coercitivas para evitar que destruyan pruebas. y es una clara amenaza para los estafadores.
La investigación encontró que al menos 144 víctimas habían presentado denuncias o denuncias ante la fiscalía. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con su propio sacrificio aportaron grandes sumas de dinero para conseguir viviendas que nunca recibieron. Además, cuando algunos de ellos presentaron denuncias, fueron amenazados e intimidados por el jefe de la red, Rivera Ledesma, quien los retó a los tribunales, caso en el que, según él, las víctimas El empleado se marchará sin recibir nada.
Gracias a la Operación Nido, que comenzó la madrugada del miércoles y aún continúa, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
