Santo Domingo.- Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez y Elpidio Báez, presentaron ante el Congrso Nacional un proyecto de ley que deroga en todas sus partes la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por ser contraria a la Constitución Dominicana.
La iniciativa, establece también, que la recién promulgada ley 01-24, contradice la decclaración de la Sociedad Interamericana de Prensa, tratados internacionales de Derechos Humanos que el país ha ratificado; como son la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al presentar la propuesta legislativa, los congresistas afirmaron que la solución al problema generado por la cuestionada ley, está en el Congreso Nacional, por lo que dijo, esta es la oportunidad de ponerle punto final a esta situación.
“De conformidad al artículo 89 de nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo puede convocar de forma extraordinaria a una legislatura, y entendemos que esta es una excelente oportunidad para llamar a los legisladores a una sesión de urgencia en la que deroguemos esta ley, que viola derechos fundamentales consignados en la Constitución”, afirmó Luis Henríquez, durante una declaración de prensa ofrecida este viernes en el Congreso Nacional.
De su lado, el diputado Elpidio Báez, quien formó parte de la Comisión que estudió la pieza legislativa manifestó que el PLD y su bancada expusieron que como ese proyecto establece que la DNI es una dependencia del Poder Ejecutivo, el mismo debe tener límites y controles, para proteger a los ciudadanos de los excesos de poder que pudieran cometerse, poniendo como contrapeso, la Constitución de la República y las leyes vigentes.
Entre sus considerandos se establece que durante la aprobación de la ley 01-24, se violó el debido proceso del Reglamente Interno de la Cámara de Diputados sobre la debida publicidad en las discusiones de las modificaciones a los proyectos de ley durante la moderación de los debates.
La propuesta de ley presentada por Luis Henríquez, mantiene vigente la ley No. 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el Departamento Nacional de Investigaciones estará bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
