La muerte por envenenamiento de una joven madre y su bebé de menos de dos meses duele el alma y es sumamente dolorosa porque es una tragedia que se pudo haber evitado. si en este país no hubiésemos convertido la pereza, no me cansaré de repetirlo, en política pública. Por eso a nadie le sorprendió saber que había otras víctimas de los potentes pesticidas utilizados indiscriminadamente en la torre Piantini.
Fue en 2013, en un departamento de Juan Dolio, donde dos mujeres murieron, entre ellas una ciudadana uruguaya, porque otro vecino del edificio donde vivían decidió tomar un sauna sin avisar a los vecinos. Se desconoce si estas muertes tuvieron alguna consecuencia, pero dos años después, en 2015, volvió a ocurrir lo mismo, sólo que en esta ocasión la joven pareja fue atendida con prontitud y se les salvó la vida. No hubo consecuencias y nada se hizo para evitar que esto volviera a suceder, aunque el padre de uno de los afectados, poeta, ensayista y director del Banco Popular José Mármol, sí se desplegó e hizo mucho esfuerzo, tocó muchas puertas y habló.
arriba. con las autoridades, a diferentes niveles, para intentar concienciarlas sobre los peligros de este producto y la necesidad de hacer algo para regular o prohibir su uso. Lea también: Que se expliquen ¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que el gobierno tome en serio este problema?
Ayer, la Fiscalía anunció que solicitaría prisión preventiva de un año, como medida cautelar, para el ciudadano francés responsable de la fumigación. ¿Habrá consecuencias esta vez? Debemos prestar atención a los resultados de este proceso y preguntarnos si podemos confiar en la voluntad y determinación de las autoridades para evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir.
Que podrían empezar por lo más sencillo y sencillo, pero algo que nunca han hecho: hacer cumplir las leyes y reglamentos que regulan la venta, uso y almacenamiento de pesticidas.
