Representantes de la sociedad civil de la República Dominicana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones “inhumanas” en las que se encuentra la población reclusa del país caribeño, donde predomina el hacinamiento.
El encargado de asuntos civiles y políticos de la Comisión de los Derechos Humanos dominicana, Juan Miguel Rondón, dijo que en las cárceles se presentan “constantes violaciones de los derechos humanos” y son recurrentes las denuncias de corrupción, tortura, hacinamiento, medidas cautelares que se convierten en penas anticipadas y falta de acceso a la sanidad y la educación.
En el sistema penitenciario dominicano coexisten dos modelos de gestión (el nuevo y el tradicional) en los 46 centros de reclusión del país, con una capacidad para 12,000 internos, aunque actualmente hay 26,000.
Aproximadamente el 80% de la población reclusa está constituida por presos preventivos y 1.825 por extranjeros, sobre todo de nacionalidad haitiana, apuntó.
Rondón acusó al Gobierno dominicano de “falta de interés político” para realizar la reforma penitenciaria que mejore unas condiciones de reclusión que “se convierten en una violación inaceptable de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Explicó ante la CIDH que el modelo penitenciario tradicional “está concebido como un mercado donde todo se vende (alcohol, drogas, armas) y todo se compra, hasta la vida humana. Es un cementerio de hombres vivos”.
Las actuales autoridades dominicanas “no han construido ni una celda para paliar el déficit” de plazas para albergar a la población reclusa, indicó Rondón, quien reveló que 405 internos deberían haber sido puestos en libertad, pero siguen presos por trámites burocráticos, mientras que el 40 % de las personas privadas de libertad lo está por delitos menores.
Fernando Antonio Abreu, también representante de la sociedad civil, puso el ejemplo de la situación de la cárcel capitalina de La Victoria, donde el hacinamiento es del 300%, con una población estimada de 7.608 reos, siendo su capacidad de 2.000, situación que se extiende al resto de centros penitenciarios del modelo tradicional.
