Difícilmente hay un dominicano que, por su propia experiencia o la de un familiar, amigo o pariente, haya experimentado abuso y apropiación de cuentas bancarias. Ni siquiera las cuentas de nómina están exentas de esta práctica, aunque la ley haga que los salarios sean difíciles de alcanzar. Las cifras propuestas recientemente por la Autoridad de Supervisión Bancaria confirman este hecho: en 2023, el monto promedio mensual de depósitos confiscados o congelados en instituciones financieras superó los 26,6 mil millones de RD dólares, colocados en 157,160 cuentas en 28 intermediarios financieros.
Es cierto que existen recursos legales que pueden utilizarse para protegerse contra estos abusos, pero también es cierto que para muchos depositantes esto impone un costo que no siempre son conscientes de que pueden afrontar, en lugar de ir en contra de la Justicia. A veces, los depositantes de bajos ingresos están obligados a pagar asistencia jurídica en caso de que no se preste la debida atención al embargo. De ahí los comentarios presentados por el director del Banco sobre la ley vigente sobre el levantamiento del embargo y sobre las objeciones en un informe enviado al despacho de la senadora Faride Raful, en su calidad de miembro del Comité.
, no se puede aceptar. más oportuno. de Justicia y Derechos Humanos del Senado.
Las recomendaciones de este informe tienen como objetivo proteger mejor los intereses de los depositantes y el buen funcionamiento del sistema financiero, teniendo en cuenta que el uso desproporcionado de estas métricas legales puede tener consecuencias graves para las finanzas personales y colectivas de las personas físicas. . Si se tienen en cuenta estas sugerencias evitaremos que muchos depositantes se enteren de que sus cuentas han sido confiscadas cuando acuden al banco a utilizar sus depósitos, porque en muchos casos ni siquiera son avisados a tiempo por los acreedores, y menos aún.
entonces. de la unidad bancaria. Tampoco saben qué hacer ni qué hacer cuando les confiscan sus cuentas bancarias.
Que el derecho a cobrar no sacrifique el derecho del depositante a defenderse contra abusos de gravámenes.
