En la República Dominicana, como en muchos otros países, la contratación pública representa una parte importante del gasto público y desempeña un papel importante en el desarrollo económico y la sociedad. Sin embargo, en los últimos años ha habido una creciente conciencia de la importancia de adoptar prácticas de abastecimiento más sostenibles que consideren no solo los costos inmediatos sino también el impacto a largo plazo en el medio ambiente, la sociedad y la economía. Es en este contexto donde surge el concepto de contratación pública sostenible, una visión de futuro que pretende garantizar la viabilidad y el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
La contratación pública sostenible es algo más que el simple cumplimiento de requisitos legales y administrativos. Esto implica integrar criterios ambientales, sociales y económicos en todas las etapas del proceso del contrato, desde la planificación hasta la implementación y el seguimiento. Esto implica evaluar no sólo el precio y la calidad de los bienes y servicios sino también su impacto en el medio ambiente, su contribución al desarrollo sostenible y su capacidad para generar beneficios a largo plazo para la sociedad.
En este sentido, es fundamental que el Estado dominicano adopte medidas específicas para promover la contratación pública sostenible. Esto puede incluir incluir disposiciones ambientales y sociales en los documentos de licitación, priorizar productos y servicios ambiental y socialmente responsables y promover la innovación y la eficiencia energética en el mercado público. Sin embargo, aunque el concepto de contratación pública sostenible es elogiado en teoría, en la práctica enfrenta una serie de desafíos en la República Dominicana.
Uno de los principales obstáculos es la falta de capacitación y conciencia sobre la importancia de este enfoque entre funcionarios públicos y empresarios. Mucha gente todavía no comprende completamente los beneficios de la sostenibilidad o cómo integrarla eficazmente en el proceso de contratación. Además, la corrupción y la falta de transparencia son problemas persistentes que socavan la eficacia de la contratación pública en el país.
Sin una supervisión adecuada y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, existe el riesgo de que se ignoren los criterios de sostenibilidad para obtener beneficios personales o políticos. Por otro lado, también cabe señalar que la implementación de una contratación pública sostenible puede generar costos adicionales en el corto plazo. Por ejemplo, los productos y servicios ecológicos suelen ser más caros inicialmente, lo que puede disuadir a algunos responsables de adoptar estas opciones.
Sin embargo, es importante comprender que estos costos adicionales pueden traducirse en ahorros a largo plazo y beneficiar a la sociedad en su conjunto. En última instancia, el éxito de la contratación pública sostenible en la República Dominicana dependerá del fuerte compromiso del gobierno, el sector privado y la sociedad en su conjunto. Se necesita colaboración activa y voluntad política para superar los desafíos y establecer un marco sólido para promover la sostenibilidad en todas las áreas de la contratación pública.
La contratación pública sostenible representa un enfoque con visión de futuro que busca conciliar las necesidades del presente con las necesidades de las generaciones futuras. En República Dominicana, este concepto tiene el potencial de estimular el desarrollo sostenible, promover la igualdad y proteger el medio ambiente. Sin embargo, su implementación exitosa requerirá un compromiso decidido y acciones concretas de todas las partes interesadas.
Es hora de mirar más allá de los beneficios a corto plazo y adoptar un enfoque más integral y responsable de la contratación pública.
