Santo Domingo, 8 feb (Prensa Latina) .-La Comisión de la Junta Central Electoral (JCE) de la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó un informe favorable a un proyecto de ley que obligaría a los candidatos a cargos electivos a participar en debates.
El dictamen fue aprobado y firmado justo en el cierre de la legislatura y dispone que los aspirantes que no asistan a los diálogos políticos organizados por la JCE serán sancionados con la restricción total de los espacios destinados para la promoción de sus pretensiones.
«Se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la JCE», dispone el informe.
El documento proviene de dos proyectos de ley propuestos por los legisladores José Horacio Rodríguez, Mélido Mercedes, Pedro Martínez, Aida López y Mateo Espaillat, publicaronmedios locales.
El referido informe dispone que los temas a discutir deben ser previamente consensuados con todas las agrupaciones políticas de los aspirantes, así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil.
Además, el señala que los mismos deben ser transmitidos por los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. El careo quedará grabado en los portales digitales de la JCE de manera que la ciudadanía pueda acceder a ellos después de su realización.
Asimismo, el documento legislativo sostiene que cada debate tratará temáticas distintas relevantes para el interés nacional, de manera que los candidatos puedan profundizar sobre cada una en sus intervenciones.
Los cinco diputados autores de esta idea argumentan que la propia Ley 20-23 atribuye a la JCE la responsabilidad de promover la realización de debates sobre los programas que presenten los partidos.
Sin embargo, los congresistas aducen que ninguna normativa obliga a los pretendientes a cargos de elección popular a a tratar sus ideas públicamente.
Alegan que los mismos fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de esas personas, en tanto refieren que la falta de obligatoriedad provoca que se realicen de forma intermitente o irregular, lo que afecta la promoción del voto en el país.
Más de ocho millones de dominicanos están convocados a las urnas este 18 de febrero para las elecciones municipales, en tanto las presidenciales tendrán lugar en mayo próximo.
