El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, consideró que el Estado debe autocriticarse ante el abuso que se comete con la preventiva, lo que lacera la dignidad humana, y anunció que el próximo mes esa institución divulgará con datos y cifras los resultados de un levantamiento realizado sobre la penosa realidad en el sistema penitenciario.
Deploró que más del 60% de los privados de libertad tienen prisión preventiva y que muchos de ellos exceden del tiempo que le impuso el juez.
“Desde el momento que vencen los plazos y el privado de libertad no puede salir, siendo el 70% de nuestros casos de riñas, estamos viendo que nuestra capacidad de Estado de poder garantizar la libertad es mínima”, consideró el defensor del pueblo.
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Detalló que el 70% de los actos de criminalidad y vandalismo tienen que ver con problema de convivencia y que el Estado está obligado a manejar las otras medidas de coerción que plantea el Código Procesal Penal.
“Las últimas semanas hemos visto situaciones que meritan reflexiones a la sociedad de que está pasando en nuestras cárceles, esa prisión preventiva excesiva vulnera el elemento esencial del ser humano, que es la libertad”, añadió.
El Defensor del Pueblo señaló que se viola el debido proceso cuando el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional no están interconectados ni tienen un trabajo mancomunado para la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ulloa habló al participar en la puesta en circulación del libro “Tutela Judicial Efectiva Garantía Debidas al Proceso Legal”, de la autoría del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Robert Valdez.
Añadió que “Nuestro sistema carcelario merecen de una atención superior de la sociedad dominicana, porque en ese sistema carcelario es que tiene que surgir cualquier política de seguridad del Estado. No podemos estar ajenos”.
Consideró que todas las políticas de seguridad de convivencia ciudadana, parte de la realidad de las cárceles y que para poder contar con un sistema penitenciario más humano, más justo y real, donde el Ministerio Público no asuma prisión preventiva como la medida de coerción por excelencia.
