Bernardo Arévalo, quien juró su cargo el 15 de enero, ha pedido repetidamente la renuncia de Porras, quien ha impulsado investigaciones controvertidas. La controversia puso en peligro la transición presidencial y generó críticas internacionales. comunidad.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, rechazó este viernes una invitación para reunirse la próxima semana con la fiscal general del país, Consuelo Porras, a quien el nuevo mandatario ha pedido su dimisión. Arévalo, quien juró su cargo el 15 de enero, ha pedido en repetidas ocasiones la renuncia de Porras, quien ha impulsado investigaciones polémicas que pusieron en riesgo la transición presidencial y fue criticado por la comunidad internacional. El pedido de renuncia fue rechazado por la funcionaria cuyo mandato finaliza en 2026.
Arévalo no tiene autoridad para destituirla de su cargo. Se sabe que el presidente Arévalo, a través de un despacho oficial, autorizó al Ministro del Interior, Francisco Jiménez, a asistir a la reunión convocada por el fiscal, quien designó a la Secretaría de Comunicaciones Presidenciales en un mensaje enviado a los medios de comunicación. La secretaría informó que el ministro asistirá el próximo miércoles a una reunión en la fiscalía junto con el jefe de policía.
Aclaró que el Presidente, a diferencia de lo que ocurrió con la convocatoria del fiscal en el Consejo de Ministros, no está obligado a asistir a la reunión, por lo que autorizó al Ministro del Interior. La invitación a una reunión de trabajo fue emitida por Porras el lunes, horas después de abandonar una reunión con Arévalo y su gabinete, alegando obstáculos legales a su participación. Porras, de 70 años, está acusado por la comunidad internacional de socavar la democracia en Guatemala al poner en peligro la toma de posesión de Arévalo con investigaciones cuestionables, incluida una que consideró inválidas las elecciones de 2023 que ganó el partido socialdemócrata.
Estas acciones fueron descritas por Arévalo, un sociólogo de 65 años, como un intento de golpe de Estado para impedirle llegar al poder con la promesa de luchar contra la corrupción, alarmando a la élite política y económica del país. La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera corrupta, y este viernes la Unión Europea le prohibió a ella, así como a otros cuatro funcionarios judiciales, ingresar él mismo a su territorio por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala.
