Mucha gente no se explica por qué de repente el Estado, más que el gobierno o el presidente Luis Abinader, quiere convertirnos a todos en informantes. Pero este objetivo debe verse como algo evidente y necesario para lograr la gestión y el control de la sociedad en la que vivimos. Sí.
Sólo podrás controlar la información que tienes tanto en cantidad como en calidad para tomar las decisiones más adecuadas. La misión del Estado es permanecer bajo el mando del pueblo bajo su soberanía, como un ejército disciplinado o un rebaño de ovejas. Para ello cuenta con instituciones, entidades y organismos públicos que se legitiman al servir a la comunidad, propagandizando y monopolizando la violencia que ésta ejerce a través de sus organizaciones represivas.
La calidad de este proveedor de información legal y obligatorio se logra gracias a los artículos 9, 11 y 26 de la citada ley 1-24. Sobre todo porque con estos artículos el DNI podrá interceptar nuestras llamadas telefónicas, pedirnos información que necesite y que califique como seguridad nacional, y si nos negamos a satisfacerla, nos impondrá sanciones privadas a la libertad y las multas que habrá que pagar. Pero resultó que esta ley nació muerta.
Nació con la intención de ser abolido parcial o totalmente por el Tribunal Constitucional (TC). Basta interponer una acción inconstitucional directa ante este tribunal supremo y especializado, cuyas decisiones, según los precedentes, son vinculantes e irrevocables, según el artículo 184 de la Carta Magna. De hecho, aunque la ley pretende proteger la privacidad y otros derechos fundamentales, en realidad los viola mediante escuchas telefónicas.
También viola la dignidad humana al obligarnos a brindar información o brindar información y viola los términos del secreto profesional y la confidencialidad de los periodistas. Suficiente para destruir no sólo los artículos 2, 5, 6, 8, 38, 40 sino también el Estado social y democrático de derecho que es la premisa del artículo 7 de la Constitución. El error radica en la falta de permiso previo del juez.
Todo aquel que ejerce el poder quiere seguir ejercitándolo. Y ese es el propósito de la información. Se supone que una comunidad educada definida por su estado informará voluntariamente al DNI sobre cualquier situación que ponga en peligro la seguridad nacional, que, en principio, es la seguridad de todos los habitantes del país.
