El presidente de la Comisión Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez, advirtió este viernes que la Ley 20-23 castiga a los delincuentes electorales con penas de prisión de seis meses a dos años y Multa de dos a diez salarios mínimos en el sector público. El funcionario electoral afirmó que la ley de régimen electoral establece que estas infracciones serán sancionadas cuando sean denunciadas por la parte legalmente afectada, la JCE, la comisión electoral o por la fiscalía, funcionarios especializados se presentan automáticamente para investigar y perseguir los delitos y actos ilegales. Jáquez dijo que, por ejemplo, el artículo 310 de la ley castiga a quienes sustituyen una papeleta por otra, a quienes se niegan o no firman un acta electoral de alguna persona con derecho a ella.
Asimismo, serán sancionados quienes violen las normas ambientales durante la campaña electoral y quienes obstruyan el derecho de cualquier elector a votar o entrar y salir de los colegios electorales. Estimados empresarios Recordó al empresariado del país que el próximo domingo, día de las elecciones municipales, no es día laborable en el territorio nacional y que cuando se trate de trabajos que no puedan suspenderse, los empleadores están obligados a prestar servicios para que sus empleados puedan ejercer sus derechos. .
a la votación. En un vídeo publicado en las redes sociales, los funcionarios electorales dijeron que los empleadores tienen la obligación de otorgar los derechos necesarios a sus empleados para poder votar. Dijo que ningún empleador puede imponer sanciones o deducciones salariales a los empleados que excedan las horas de trabajo en los centros de votación.
No debería haber trabajo el día de las elecciones y quienes deban hacerlo deberían poder votar, dijo Jáquez. La jornada electoral, domingo 18 de febrero, no es hábil en el territorio nacional, señala el comunicado. Para los puestos de trabajo que no puedan suspenderse, el empresario estará obligado a disponer todas las medidas necesarias para que todos sus empleados que estén en condiciones de votar puedan hacerlo sin que ello implique evitar cualquier forma de sanción o descuento salarial, enfatizó el directivo.
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