Texas conoce la guerra. Luchó en importantes batallas contra México de 1835 a 1836, tras las cuales declaró la independencia. Su actual gobernador, el republicano Greg Abbott, no sólo apunta a México sino también al presidente estadounidense Joe Biden, el demócrata.
No está solo: 25 de los 50 estados, todos en manos republicanas, apoyan su decisión de neutralizar la inmigración ilegal. ¿IGUAL? Abbott ordenó a la Guardia Nacional de Texas secuestrar a la Patrulla Fronteriza en un parque de la ciudad a orillas del Río Grande, la frontera fluvial entre Estados Unidos y México.
Fuerzas estatales versus fuerzas federales. Una lucha entre poderes. Algo que no ocurre desde la Guerra Civil, ni en otro frente: el Capitolio.
La mayoría republicana en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha dado luz verde al juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, exfiscal federal, por negarse deliberada y sistemáticamente a ejecutar leyes de seguridad nacional relacionadas con la inmigración. Una rareza: esta sería la primera acusación contra un funcionario público y no contra un presidente como es habitual en un siglo y medio. Si lo aprueban los representantes, de mayoría republicana, el Senado, dominado por los demócratas, desestimaría los cargos contra Mayorkas.
El Partido Republicano no pudo reunir los dos tercios necesarios de los votos en este ámbito. Estuvo muy bien imponer este capítulo, el capítulo sobre la inmigración ilegal, en la agenda de la campaña presidencial, aprovechando la indignación social. Un síntoma similar al de los europeos, empezando por la determinación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de convencer a los otros 26 miembros del bloque de la necesidad de un mayor control.
La carta de Frank está a la derecha. Lo que ocurrió en Texas no equivale a una secesión, lo que requeriría una improbable enmienda constitucional. Se trata de una reinterpretación del poder del estado para defender sus fronteras si el gobernador presencia la abdicación de las fuerzas federales.
Abbott, respaldado por el expresidente y potencial candidato republicano Donald Trump, plantó la bandera. En 2021, lanzó la Operación Estrella Solitaria en respuesta a la creciente inmigración, la trata de personas y el tráfico de drogas. El símbolo resultó ser la valla de alambre de púas que cruza el río en Shelby Park, Eagle Pass, así como el aumento de las patrullas fronterizas.
Biden recibió permiso de la Corte Suprema para retirar el alambre de púas, pero Abbott argumentó que los agentes federales destruyeron propiedad estatal en sus esfuerzos por retirarlo. Las llamadas barreras flotantes han creado más conflictos en Estados Unidos que con México, un trampolín para los inmigrantes. La batalla legal tiene un significado político innegable en un año electoral.
Biden, de la Casa Blanca, y Trump, con 91 cargos por delitos graves en cuatro casos penales, se preparan para resolver su enfrentamiento en noviembre. Las tensiones entre Texas y Washington están lejos de aliviar la crisis real. Inmigrante.
Biden, representado por el secretario de Estado Antony Blinken y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, acordaron en una declaración conjunta detener la trata de personas, las redes de trata y los criminales, y continuar los esfuerzos para promover rutas legales de movimiento humano. Hojas de papel mojadas con miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, entre otros, abarrotaban los pasos fronterizos tras un peligroso viaje plagado de corrupción. Con el fin de la política migratoria del Título 42, que permitía a las autoridades norteamericanas bloquear la entrada de inmigrantes por motivos de salud, la frontera sur se ha vuelto más porosa.
Esta medida, impuesta por Trump y derogada por Biden, tenía como objetivo específico bloquear las solicitudes de asilo. Solo en 2023, 520.085 personas, principalmente de Venezuela, Ecuador, Haití y China, cruzaron el Tapón del Darién, la selva intransitable que conecta Colombia con Panamá, para llegar a Estados Unidos. Los coyotes (guías) cobran hasta 40.000 dólares por protección falsa para evitar ser desalojados.