Las dictaduras de izquierda o de derecha ya no pueden promocionarse como si fueran democracias, como ocurrió en el patio trasero de Dominica con Trujillo, quien instaló a un presidente títere mediante elecciones, y en Chile, donde el sangriento régimen de Augusto Pinochet fue visto como el modelo de un nuevo modelo de democracia. El problema no es sólo que se establezca una dictadura que viola los derechos civiles sino que se certifique como un gobierno democrático que representa la voluntad del pueblo, incluso si el dictador derriba toda la institución. El caso de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que juró haber descubierto la fórmula del agua, incluyó la construcción de una gran celda para 76 mil miembros de bandas criminales deportados desde Estados Unidos y liberados a la empresa salvadoreña.
En nombre de la llamada gran victoria sobre el crimen, Bukele violó la Constitución, según la cual tomó el control del poder judicial y del Congreso, y obligó a la Corte Suprema a interpretar maliciosamente la Carta Magna para allanar el camino hacia su reelección. Desde la declaración de independencia hasta la ejecución de Trujillo, la mayoría de los dominicanos vivían pobres en el campo, descalzos, hambrientos, enfermos y excluidos, mientras el virrey implementaba un gobierno de terror, garantizando la seguridad del pueblo de forma razonable. Han pasado más de 60 años desde la ejecución de Trujillo y las generaciones supervivientes aún añoran aquel tiempo en el que no había ni delito ni crimen, aunque se han acostumbrado a recibir azotes del régimen y a tener que soportar condiciones de vida miserables junto a su familia.
La seguridad de los ciudadanos es un derecho inalienable que el Estado y el gobierno deben garantizar sin violar otros privilegios constitucionales, como la libertad de prensa y expresión, tránsito, reunión o asociación, etc. menos el derecho al debido proceso legal, la presunción de inocencia. y la independencia de jueces y fiscales.
Nayib Bukele será reelegido hoy y podrá decirle al mundo que lidera un gobierno democrático y civilizado, incluso cuando viola la Constitución y suprime los derechos de los ciudadanos vinculados a la libertad y la justicia.
