Nuestro objetivo es construir una sociedad organizada donde se respete la ley y, por otro lado, el Estado de derecho se aplique de manera justa y equitativa. Decimos esto porque en los últimos días la circulación dentro del territorio nacional parece convertirse en un problema preocupante, digno de atención de todos los sectores de la sociedad y la producción. Los gobiernos, así como el poder judicial, tienen claramente la responsabilidad de liderar los cambios necesarios para preservar y fortalecer este derecho humano fundamental en todo lo que ello implica.
En nuestro país todavía estamos lejos de lograrlo de forma sostenible, es decir, la movilidad segura es una cuestión de estado. El hecho de que sigamos viviendo en una democracia incipiente, sin una disciplina o iniciativa genuina para actuar, corresponde a la ingratitud colectiva de los indios. Nos hemos acostumbrado a traer del extranjero costumbres, prácticas, modas, culturas y hasta leyes inaplicables sin vergüenza ni reproche ya sea en Estados Unidos o Europa.
Por otro lado, existen buenas prácticas de políticas públicas que pueden transferirse, adaptarse y adoptarse. Esto me recuerda a un estudio que publicamos en junio de 2016, titulado Régimen de Consecuencias, sobre la respuesta de las autoridades ante el comportamiento de los infractores de la seguridad vial en España, como evidencia de buenas prácticas legales. Luego recalcamos que en nuestro comportamiento en las carreteras nacionales, y así sigue siendo, aplicamos la ley del más fuerte, o ley de la selva, tal como la definió Charles Darwin en El siglo XIX trataba de la supervivencia del más fuerte y lo sucesivo.
por Herbert Spencer en el siglo siguiente, en el sentido aplicado a los principios de competencia descontrolada. Los indicadores de accidentes e incidentes viales en República Dominicana confirman una situación caótica, tanto en términos del desarrollo de los vehículos como de su calidad; Falta de respeto a las normas y autoridades a todos los niveles, como en el tráfico. Hay que añadir la tercera ley del movimiento de Newton, que establece la existencia de una reacción ante cualquier acción realizada, acertadamente llamada acción consecuencia de las acciones de una población anómala, en la que tenemos graves defectos estructurales.
La experiencia que hemos recogido en los informes del Ministerio Fiscal español demuestra la equidad en la aplicación de la ley, motivo que caracteriza al Reino de España como un régimen judicial digno de respeto. Podemos cubrir casos importantes de artistas, actores, políticos y deportistas, como la dimisión de funcionarios y legisladores por violar la Ley de Movilidad, así como otros arrestos y fuertes multas. Cabe mencionar que el presidente Rajoy se vio obligado a pedir disculpas por no llevar el cinturón de seguridad.
La reina Sofía también fue castigada. Concejales María Pilar Araque, Txema Mauleón, Indira Gil Mendoza, Angel Espadas, Mercedes Gómez, Ramón Domínguez, Victoriano Vidal, Luís Miguel Rodríguez, Alfonso Novo, José Ant. Moreno, conformando una lista interminable de dimisiones por conducir bajo los efectos del alcohol.
. Como miembro del Tribunal Constitucional Enrique López. Por lo mismo, los diputados Nacho Uriarte, Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco, entre otros.
Los alcaldes Juan José Correles, Manel Montalbán, Tomás Mesa Díaz, Mercedes González, Carmen Añó, solo algunos fueron obligados a dimitir por infracciones de tránsito. Lo mismo ocurre con los funcionarios, hijos de políticos y altos funcionarios estatales y reales. Incluso los presidentes de los partidos políticos, incluso el famoso presidente de TVE, Curri Valenzuela, no pueden escapar de las garras de la Ley.
Recuerdo a mi amigo Eduardo Petta, el jefe de la policía de carreteras que multó al presidente paraguayo Fernando Lugo en 2008 por conducir con una licencia vencida. Petta luego fue senador de la República hasta convertirse en ministro de Educación. Esperamos que algún día exista una sociedad dominicana con un concepto de castigo como la sociedad española.
